
Durante este 2026, al menos 23 estados de EE.UU. analizaron propuestas para regular la presencia de agentes migratorios del ICE en establecimientos públicos (K-12) como las escuelas y para alegría de muchos, doce de esas iniciativas se convirtieron en ley antes del comienzo del ciclo escolar. En este sentido, muchos se preguntan en qué lugares del país se han aplicado.
El pasado 5 de agosto, Massachusetts promulgó la ley PROTECT que impide arrestos civiles de inmigración dentro de las escuelas públicas, charter y vocacionales sin una orden judicial y además, exige a los establecimientos adoptar políticas para revisar documentos y notificar a las autoridades correspondientes.
La guía oficial para escuelas K-12 también establece que se reconozca la diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa de inmigración y obliga a designar responsables para responder ante una visita federal.
Por su parte, Oregon aprobó una medida que requiere políticas institucionales, capacitación y avisos en diversos distritos escolares y centros de educación superior. Mientras que Vermont anunció reglas de privacidad, recursos designados para las familias y la exigencia de una orden judicial para ingresar a áreas no públicas de una escuela. Si bien las medidas no eliminan la autoridad federal, sí ordenan cómo debe actuar cada institución y qué información puede entregar.
Debes saber que el fallo Plyler v. Doe de la Corte Suprema en EE.UU. garantiza el acceso a la educación pública primaria y secundaria de un menor, sin importar el estatus migratorio. Por ello, las escuelas no pueden negar la matrícula por esa razón; sin embargo, en cada caso es distinto.
Las familias tienen que consultar las reglas de su estado y de su distrito para conocer quién recibe a un agente, qué documentos revisa la escuela y cómo se le informa a padres o tutores. Asimismo, las normas estatales no sustituyen el asesoramiento legal.
Las organizaciones de derechos civiles recomiendan conservar la información de contacto de la escuela, conocer su protocolo escrito y evitar entregar datos migratorios que no sean necesarios para la inscripción. Si tienes una consulta sobre una orden o un caso individual, tienes que recurrir a un abogado habilitado o a una entidad acreditada.

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