Error estratégico

Luego de que la correcta Úrsula Letona entrara en comprensibles imprecisiones tratando de explicar a qué se refería Marcelo Odebrecht con la famosa frase de su agenda, ha sido su compañero de bancada, Daniel Salaverry, quien ha cobrado mayor protagonismo como vocero de Fuerza Popular en plena crisis política. La reciente sobreexposición mediática del trujillano, asumiendo el encargo específico de promover el válido pedido de vacancia presidencial, no miente. Ha sido un gravísimo error desplazar a Letona, quitarle protagonismo, justo en el momento que su partido más la necesitaba porque, hasta donde sé, su trayectoria moral es impecable. Salaverry, en cambio, además de haber hecho el ridículo el martes ante mi compañera Mávila Huertas, al no poder probar las falacias de parque que vociferó en su última conferencia de prensa sobre el Ministerio Público y el ex premier Zavala, tiene en su historial episodios bastante cuestionables que lo descalifican para exigir lo que él mismo no puede ofrecer: capacidad moral. Por tanto, todo lo que diga Fuerza Popular a través de Salaverry, se contamina por el pasado no muy “moral” del vocero del partido que hoy podría decidir la suerte del esmirriado PPK. El mismo congresista que llegó a pedir hasta la renuncia del presidente, apenas asumió como parlamentario, contrató como asesor de su despacho a Luis Calderón Carbajal, investigado en fiscalía por haber aprobado, aparentemente de modo irregular, una licitación, en Longotea, de cerca de S/ 4 millones a favor de DSV Constructores S.A.C, empresa que tuvo como dueño hasta 2015 a Daniel Salaverry Villa (DSV). La misma empresa que le debe a la Sunat, a Essalud y a la ONP más de dos millones de soles, la misma empresa cuya contadora, un día después de que se revelara esta deuda, denunció que en un asalto le robaron la información contable. La misma empresa que lleva las siglas del nombre del congresista que, dos días después de que el Ministerio Público reabriera la investigación por lavado de activos a su amigo Joaquín Ramírez, que fue quien lo llevó a Fuerza Popular, interpusiera una denuncia constitucional al fiscal de la Nación.