CSJ Tumbes dispone promociones y reasignaciones para Año Judicial 2026

En el marco del inicio del Año Judicial 2026, la Corte Superior de Justicia de Tumbes dispuso promociones y reasignaciones de magistrados en diversos órganos jurisdiccionales, con vigencia a partir del 05 de enero del año en curso.

Estas medidas se orientan a fortalecer la continuidad del servicio, optimizar la distribución de la carga procesal y elevar la eficiencia, oportunidad y calidad de la administración de justicia en el Distrito Judicial de Tumbes.

Conforme a lo dispuesto, se promovió al magistrado Oswaldo Simón Velarde Abanto como Juez Superior Provisional de la Sala Penal de Apelaciones, y se promovió al magistrado Julio César Tapia Rojas como Juez Superior Provisional de la Sala Civil de Tumbes, ambas designaciones a partir del 05 de enero del presente año.

Asimismo, se reasignó al magistrado Leoncio Quispe Tomaylla como Juez Superior Provisional de la Sala Laboral de Tumbes y se reasignó a la magistrada Carmen Virginia Espíritu Cataño como Jueza Superior Provisional de la Sala Civil de Tumbes, con vigencia desde el 05 de enero del año en curso.

En el ámbito de los juzgados, se reasignó al magistrado David Raúl Sinca Casa como Juez Provisional del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes. De igual forma, se reasignó al abogado Gerard Mitchell Rufasto Chapa como Juez Supernumerario del Juzgado Unipersonal Penal de Zarumilla, y se reasignó a la magistrada Delia Janet Ramos Rojas como Jueza Supernumeraria del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Tumbes.

Finalmente, se conformó el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Tumbes a partir del 05 de enero del presente año, quedando integrado por el Dr. Alex Fernando Fernández Chuquilín, en calidad de Presidente; el Dr. Edgar Adriano Izquierdo Ruiz, como Integrante; y el Dr. Erick Vladimir Saldarriaga Maceda, como Integrante.

Estas acciones forman parte de las decisiones de gestión destinadas a asegurar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, fortalecer la capacidad resolutiva y garantizar un servicio de justicia más eficiente y oportuno para la ciudadanía.