Presidente de la Corte de Lambayeque presenta avances institucionales y reafirma la independencia judicial

En conferencia de prensa ofrecida a medios de comunicación locales, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, dio a conocer los principales avances y proyectos que impulsa la institución para mejorar el servicio de administración de justicia, además de pronunciarse sobre publicaciones difundidas en plataformas digitales que lo vinculan, sin sustento alguno, con una supuesta interferencia en decisiones jurisdiccionales.

Durante su intervención, el titular de la Corte informó que uno de los proyectos más importantes corresponde a la reconstrucción del histórico local judicial de San José. Explicó que el pasado 1 de julio se adjudicó la elaboración del expediente técnico de la obra, etapa que ya se encuentra en ejecución con la presencia de especialistas que realizan los estudios correspondientes. Precisó que la inversión supera los ocho millones de soles, recursos que serán cubiertos por la aseguradora del inmueble, y destacó que la nueva infraestructura conservará la fachada y las principales características arquitectónicas del emblemático edificio.

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Asimismo, anunció que se vienen realizando las gestiones para llevar el Expediente Judicial Electrónico hasta la provincia de San Ignacio, iniciativa que permitirá acercar los servicios judiciales a la población mediante el uso de herramientas tecnológicas. Del mismo modo, destacó los resultados obtenidos por la Unidad de Flagrancia Delictiva en Lambayeque, cuyo trabajo articulado con las instituciones del sistema de justicia contribuye a brindar respuestas rápidas frente a la comisión de delitos.

El presidente de la Corte también informó sobre las acciones que se impulsan para concretar el proyecto de la futura Ciudadela Judicial mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, iniciativa que permitirá optimizar la infraestructura judicial y reducir significativamente los recursos que actualmente se destinan al alquiler de inmuebles para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y administrativos.

En otro momento de la conferencia, el doctor César William Bravo Llaque rechazó categóricamente las publicaciones difundidas en páginas anónimas y algunos espacios digitales que pretenden atribuirle una supuesta injerencia en un proceso judicial, precisando que dichas afirmaciones carecen de todo sustento.

"Rechazo tajantemente esta información. Es una acusación falsa que no tiene ningún asidero. Exijo el mayor respeto a la verdad y a la trayectoria que he construido durante casi 24 años como magistrado, sin haber recibido una sola sanción", manifestó.

Asimismo, sostuvo que estas publicaciones no solo buscan afectar su honra y la imagen institucional del Poder Judicial, sino que podrían constituir un intento de intimidar a los jueces encargados de resolver determinados procesos judiciales. En ese sentido, expresó su plena confianza en la independencia, imparcialidad y autonomía con la que actúan los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

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El titular de la Corte enfatizó que nunca ha intentado influir en decisión alguna de los jueces y recordó que cualquier ciudadano que discrepe de una resolución judicial cuenta con los mecanismos procesales establecidos por la ley para impugnarla, así como con los órganos competentes para denunciar una eventual inconducta funcional, descartando que ese tipo de situaciones deban ventilarse mediante campañas de desinformación.

Finalmente, reafirmó que la gestión continuará concentrando sus esfuerzos en la modernización del servicio de justicia, el fortalecimiento de la infraestructura judicial y la implementación de proyectos que permitan brindar una atención más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.

Con este pronunciamiento, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratifica su compromiso con la independencia judicial, la transparencia institucional y el respeto al Estado de Derecho, rechazando cualquier información falsa que pretenda desacreditar la labor de los magistrados o afectar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.