Inició campaña "Por un buen trato" en colegio Victor Andrés Belaúnde de Zamácola

El Módulo de Sanción Penal para casos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, junto a los operadores del Sistema Nacional Especializado de Justicia, reinició la campaña preventiva “Por un buen trato” correspondiente al presente año en la institución educativa N.° 40035 Victor Andrés Belaúnde.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, fue el encargado de inaugurar este nuevo ciclo de charlas preventivas, cuyo objetivo no solo es sancionar los delitos vinculados a la violencia, sino también contribuir a su prevención mediante la promoción de una cultura basada en el respeto, la dignidad y la igualdad.

“La justicia no debe llegar tarde; debe anticiparse, proteger y educar”, enfatizó la autoridad judicial durante su intervención.

Asimismo, el Dr. Iscarra Pongo instó a los estudiantes a aprovechar al máximo estas jornadas informativas, orientadas a sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias de la violencia sexual, considerada una de las formas más graves de vulneración de derechos, que deja profundas huellas en la vida de las víctimas. En ese sentido, destacó la importancia de trabajar de manera articulada en la educación, información y sensibilización de la comunidad educativa para prevenir situaciones de riesgo.

Durante la ceremonia inaugural de este ciclo de charlas, el director de la institución educativa N.° 40035, Néstor Calla Vera, agradeció la presencia de las autoridades judiciales y valoró el compromiso institucional con la prevención de la violencia escolar.

Por su parte, la jueza coordinadora del módulo especializado, Crisley Herrera Clauré, resaltó la necesidad de fomentar relaciones positivas basadas en el respeto de los derechos y la dignidad de las personas, promoviendo la escucha, el fortalecimiento de valores y una auténtica cultura de paz.

En el desarrollo de estas jornadas participaron activamente psicólogos y asistentes sociales del Módulo de Sanción Penal para Delitos de Violencia Familiar, así como representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Nacional del Perú y del Centro Emergencia Mujer.