Arequipa: Prostíbulos viven sacándole la vuelta a la ley

Arequipa rosa. Ministerio Público y autoridades ediles organizan operativos para clausurarlos. Los propietarios de estos antros se valen de argucias legales para continuar funcionando. Presentan acciones de amparo, cambian de razón social o se mudan a otro distrito Su presencia atrae la delincuencia perjudicando a los vecinos.,Medianoche del jueves. Novena cuadra de la avenida Jesús, en el distrito arequipeño de Paucarpata. Los "jaladores" de tres centros nocturnos, con varas luminosas en mano, llaman a clientes. Los parroquianos descienden de taxis y autos particulares. Cotizan precios. Dentro de los locales esperan varias muchachas, que minutos antes ingresaron ataviadas de abrigos negros. PUEDES VER: Mafias de trata de personas secuestraron a 520 mujeres Esta escena es común en los 100 prostíbulos detectados en la Ciudad Blanca y se reparten en los distritos de Cerro Colorado, Miraflores, Paucarpata y Cercado. Vecinos y autoridades libran una batalla contra estos centros nocturnos para cerrarlos. La tarea no es fácil. Los propietarios recurren a argucias legales para evitarlo. Cuando la clausura es inevitable, migran a otro lugar y siguen funcionando. El fiscal de Prevención del Delito, Gino Valdivia, explica que para continuar operando los propietarios de estos locales cambian la razón social; de esa manera evaden los procesos administrativos. Los procesos penales se abren contra los administradores. Entonces los dueños los cambian para hacer abortar la acción legal. "Y ahora han aprendido a moverse. Migran de un lugar a otro", dice. Esta versión es repetida por todos los funcionarios consultados para este informe. El abogado Juan de Dios Medina sostiene que también recurren a las acciones de amparo, cuando el local además de ser clausurado resulta tapiado. Las acciones se interponen ante el Poder Judicial argumentando la defensa del derecho al trabajo, a tener un negocio o al libre tránsito. Estas son acompañadas de medidas cautelares, las cuales detienen todo proceso administrativo, mientras el juez no resuelva la acción de amparo. Así se le saca la vuelta a la ley. IDENTIFICADOS Valdivia lleva años realizando operativos contra prostíbulos. Explica que en el caso de Miraflores se identificaron 16 locales, el grueso de ellos, en los alrededores de la avenida Progreso. En Cerro Colorado hay 50 locales. La mayoría funciona a puerta cerrada. Se sitúan en Río Seco y otros en la Variante de Uchumayo. El problema se extiende a Sachaca y Yanahuara. La gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial, Patricia Torreblanca, señala que más de 30 lenocinios funcionan en las calles Santo Domingo y Piérola. Hay otros por la Universidad Católica Santa de María y la avenida Mariscal Castilla. Algunos colocan sin pudor sus luces fosforescentes y otros están camuflados como centros de masajes y hostales. En Paucarpata, funcionan 16 locales. Hace casi un año, la mayoría se ubica en el cinturón de la zona industrial de Apima. Estos antes fueron echados de la avenida Jesús (tramo que corresponde al Cercado). "A partir de las siete de la noche ya no se puede caminar. Además de la bulla, en las noches asaltan. A primera hora, los escolares ven un espectáculo: borrachos desfilando de esos lugares o tirados en las veredas y señoritas de dudosa reputación", se queja una vecina de la novena cuadra de la avenida Jesús. Lucía Choquehuanca, integrante de la Cámara Pyme, ubicada en Apima, acusa por su inacción a las autoridades de Paucarpata. Los empresarios y vecinos alistan un segundo memorial para exigir al alcalde Luis Cornejo retirar los locales, incluido un hostal instalado en el corazón mismo de Apima. RESPUESTAS Patricia Torreblanca explica que para su gerencia es vital que las oficinas de Fiscalización y Ejecución Coactiva inicien y tramiten con rapidez los procedimientos administrativos contra los locales intervenidos. Sobre todo que Ejecución Coactiva emita las resoluciones de cierre definitivo, "pero no comprendo qué ocurre en esta oficina", dice. El último martes, el alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, hizo pública la necesidad de contar con un ejecutor ad hoc para tramitar estos procesos. Incluso denunció una mano negra para evitar el cierre de los centros nocturnos. Las sospechas pesan sobre la ejecutora coactiva, Alicia García. Para defenderse, el gerente de Seguridad Ciudadana de Paucarpata, José Luis Escobedo, salió al frente e indicó que intentaron realizar hasta tres operativos con la Fiscalía y agentes de la comisaría de Colque Apaza, pero abortaron debido a que los propietarios cerraron sus puertas. "Alguien sopló", dice. Sostuvo que es difícil enfrentar a estas organizaciones que no solo lo han amenazado a él y a su familia, sino que han denunciado a 22 trabajadores de Paucarpata "por atentar contra la libertad de trabajo y hasta nos quejaron administrativamente". Solo un local tiene licencia para restaurante, el resto opera en la informalidad.