Jueces habilitan a 11 proveedoras del Estado sancionadas

Con trampa. Empresas, en su mayoría suspendidas por presentar documentos fraudulentos en millonarias licitaciones, recurren a las medidas cautelares para continuar contratando.,Jueces habilitan a 11 proveedoras del Estado sancionadas,Jueces habilitan a 11 proveedoras del Estado sancionadas,Jueces habilitan a 11 proveedoras del Estado sancionadas,La empresa Maco Constructores fue sancionada con 47 meses de suspensión por haber presentado documentos falsos en un proceso de licitación. El castigo por la gravísima falta se lo impuso el tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce). La compañía, con sede en Yurimaguas (Loreto), que entre 2011 y 2016 ganó contrataciones por más de 68 millones de soles con gobiernos regionales y locales de la selva, no quiso perder el lucrativo negocio de proveedor del Estado. Así que se dirigió al Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas, arguyó que supuestamente el Osce había vulnerado sus derechos, y logró que el magistrado Fernando Anastasio Querevalú emitiera una medida cautelar para que continuara contratando con el Estado. PUEDES VER: Once nuevos provedores sancionados seguirán contratando con el Estado gracias al Poder Judicial Varias proveedoras, como Maco Constructores, han encontrado en los juzgados un poderoso aliado para sortear las suspensiones del Osce y mantenerse como contratistas estatales. Constructores Rimo también recibió una drástica sanción de 47 meses de suspensión por el mismo motivo que Maco Constructores. Entregó documentos falsos con el propósito de ganar la buena pro de una millonaria licitación. De 2011 a 2016, Constructores Rimo facturó a gobiernos regionales y locales 61 millones de soles como proveedor de material de construcción, así que tampoco aceptó el castigo del tribunal del Osce. La empresa presentó una medida cautelar ante el Segundo Juzgado Mixto de Alto Amazonas (Loreto) y el magistrado Daniel Hinostroza Estrada les dio la razón. Ahora Constructores Rimo, no obstante la reprobable falta que perpetró, está expedita para continuar como proveedora del Estado. Entre enero y marzo, once proveedoras castigadas por el Osce mediante la suspensión, debido a faltas considerables, han sido reactivadas como contratistas estatales debido a medidas cautelares expedidas por distintos juzgados del país. La compañía Seguridad Privada y Electrónica Perú, que suele ser contratada por el Ministerio de Justicia, el Banco de la Nación y los gobiernos regionales y locales del norte del país, ha facturado al Estado 181.5 millones de soles entre 2009 a la fecha. Hace poco recibió una sanción de 45 meses de suspensión por parte del Osce porque, como las otras empresas mencionadas, pretendió hacer pasar como verdadera una documentación fraudulenta en un proceso de licitación. Truco habitual Los representantes de Seguridad Privada y Electrónica Perú solicitaron una medida cautelar ante el Juzgado Mixto de Sechura, bajo el argumento de que el Osce se había excedido en sus funciones y que se afectaba su derecho a continuar contratando con el Estado. El titular del despacho, el magistrado Jorge Castañeda Rivadeneyra, le dio la razón a la empresa que ofrece servicios de seguridad y vigilancia. Voceros de Osce explicaron a La República que las medidas cautelares, al devolver a la empresa sancionada la capacidad de licitar, se abre la posibilidad de que incurran en la misma falta por las que recibieron castigo. "Si un proveedor es sancionado porque presenta con frecuencia documentación falsa o inexacta, entonces al ser habilitado por una medida cautelar, el Estado será forzado a considerar dentro de los postores a una empresa que no está calificada y que no cuenta con estándares de calidad", señalaron las fuentes del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. "También hay un daño moral el perjuicio del sistema porque la medida cautelar le permite a una empresa sancionada competir con otras que participan limpiamente en las licitaciones, trabajan con seriedad y ética. Estas van a decir: '¿De qué me sirve tramitar toda la documentación si hay una proveedora con malos antecedentes que está habilitada igual que yo?'. Eso es lo que sucede", indicaron las fuentes del Osce. La compañía Administración de Servicios Complementarios, que ofrece labores de limpieza, fumigación y desinfectación, entre otros, recibió una sanción de 40 meses de suspensión, periodo en el que estaba impedida de contratar con el Estado. Entre 2009 y 2016, esta empresa limeña ha facturado la friolera de 311 millones de soles, especialmente a los hospitales Hipólito Unanue, Maria Auxiliadora, Dos de mayo y otros. El tribunal del Osce la suspendió por pretender validar documentos falsos. Millones en juego Pero como no estaban dispuestos a perder dinero durante los tres años y tres meses de suspensión, los representantes de la compañía Administración de Servicios Complementarios solicitaron medidas cautelares ante el Cuarto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima, que despacha el magistrado Lenin Montoro Rodríguez. De este modo, la empresa continuará contratando con el Estado sin problema alguno. Coincidentemente, el mismo juez Lenin Montoro también emitió medidas cautelares a favor de las empresas Transportes Koochoy y Roger Luján López. Como en el caso anterior, tanto Transportes Koochoy como Roger Luján Rodríguez pretendieron sorprender con documentos fraudulentos. A la primera se le aplicó una suspensión de 28 meses y a la segunda, ocho meses. Transportes Koochoy suele ser proveedora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Sedapal, Sunat y Corpac. Y Roger Luján alquila vehículos de transporte al Seguro Social, Ministerio Público, Sunat y Onpe. Entre 2009 y 2016, Koochoy ha facturado nada menos que 55.9 millones de soles y Luján 4.4 millones de soles. A la constructora Multiservicios Valle Verde, el tribunal del Osce la castigó con 38 meses de suspensión por entregar documentos adulterados. Con una facturación al Estado por 50 millones de soles, entre 2009 hasta la actualidad, consiguió una medida cautelar del Tercer Juzgado Especializado Civil de Cajamarca, que despacha el magistrado Williams Ventura Padilla. Multiservicios Valle Verde podrá continuar licitando a pesar de la grave falta que cometió. Largo trámite Las medidas cautelares se han puesto de moda entre las empresas proveedoras que pretendieron hacer trampa con documentación fraudulenta. Una vez que las proveedoras consiguen por vía judicial el levantamiento de la suspensión, de inmediato se presentan a las licitaciones. Las eventuales apelaciones que interpone Osce suele tardar mucho tiempo, periodo que aprovechan las compañías para continuar contratando con el Estado. "Antes de apelar, primero se acata la medida cautelar, y hasta que un juzgado resuelva la apelación, estas empresas pueden ganar no una sino varias contrataciones", arguyeron las fuentes del Osce. ¿Cómo detecta el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado a las proveedoras infractoras? Por lo general, son las mismas entidades estatales las que formulan las denuncias al detectar el engaño. "Son los encargados de las licitaciones de los ministerios, organismos públicos, los gobiernos regionales o locales los que informan de estos hechos ante el Osce. Pero también son los postores los que reportan sus quejas", indicaron las fuentes. El tribunal del Osce también ha desestimado denuncias sin sustento por parte de empresas competidoras, pero son menos. Por lo general, los casos que sanciona se sustentan en evidencias irrefutables de las graves faltas cometidas. Pueden ser inhabilitadas definitivamente Según las cifras oficiales del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, anualmente se mueven 70 millones de soles en el mercado de compras. Estas cifras son generadas por un total de 2851 instituciones del Estado que adquieren a 137 mil empresas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE. Es por ello que ante el exorbitante monto que mueve el mercado de compras estatales, el tribunal del OSCE es muy riguroso con los requisitos en cada una de las licitaciones, los mismos que están estipulados en la ley de contrataciones del Estado. Ante el incumplimiento de las normas, las sanciones impuestas pueden ir desde la menos severa que le corresponde ocho meses de suspensión hasta la habilitación definitiva. Sin embargo, las empresas sancionadas que se valieron de medidas cautelares para seguir licitando con el Estado no están libres de ser inhabilitadas definitivamente si llegaran a incurrir en la misma falta. En cifras 311 millones de soles facturó la compañía Administración de Servicios Complementarios. 181.6 millones facturó la empresa Seguridad Privada y Electrónica Perú, de Lima. 68.3 millones de soles facturó Maco Constructores, de Yurimaguas. 55.9 millones de soles facturó al Estado Transportes Koochoy, de Lima.