El caso Lava Jato parecía haberse tomado unas breves vacaciones en el Perú, sepultado por la emergencia, pero, pasada esta, regresa con la fuerza de un tsunami que pasa por encima del Callao. El “caso Moreno”, por abreviarlo de alguna manera, abre la puerta a la revisión de la conducta de gobernadores y alcaldes en relación no solo con Odebrecht, sino también con las otras cuatro empresas constructoras brasileras que operaron en todo en el país. Es, pues, una buena noticia que esta tarea postergada, por una más de una década, empiece a ejecutarse.Sin embargo, se están notando cada vez más los obstáculos en esta lucha desigual. Es inaceptable que la base de todas las acusaciones esté en manos de una sola persona que no tiene calidad jurídica asignada. Barata no es colaborador eficaz (tendría que estar ya condenado), tampoco es testigo o cómplice. Es un narrador –a su regalado gusto– de historias dosificadas que, a veces, tienen documentación de sustento en cuentas bancarias y, a veces, su solo dicho. Esto está llevando a serias contradicciones. Barata afirma y prueba que a través de Maiman se coimeó a Toledo. Perfecto, hasta ahí un caso redondo. Pero en el siguiente gobierno ya no trata con el presidente. Tampoco con el ministro. Ahora salta dos escalones jerárquicos hacia abajo y coimea al viceministro y a sus subordinados, con cuentas en Andorra, algunas de las cuales nunca tuvieron movimiento. Todo esto después de visitar al presidente García y hasta volar con él más de una docena de veces. Es decir, en un gobierno hace sus oscuros tratos con un presidente ¿y en el siguiente coimea al viceministro? Puede ser que a Barata le salga más barato bajar de categoría jerárquica. Pero lo curioso es que al siguiente gobierno vuelve a tratar con el presidente, esta vez Humala, y afirma haberle entregado 3 millones de dólares para la campaña. En efectivo, por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Volvió a subir de categoría? Las declaraciones de Barata sobre el gobierno aprista tienen más agujeros que un queso gruyere maduro. Esto hace evidente que el fiscal Hamilton Castro necesita un equipo de apoyo más potente y más especializado. Hoy, la gran corrupción ésta ubicada en la obra pública (hacia donde se desplazó, luego de casi desaparecer la empresa estatal) y son expertos en esa materia los que se necesitan. Hay tres modos de corromper en obra. Antes, manipulando el concurso o licitación para asignarlo al postor que paga la coima al funcionario. Durante, sacando sobreprecio de la obra y repartiéndolo entre los cómplices. Después, fraccionando el pago de la coima pactada años antes para disimularla. Se paga en dos modalidades: en efectivo o en cuentas offshore a testaferros. En ambos casos se pueden seguir las huellas. Los signos exteriores de riqueza, las cantidades millonarias de dinero en efectivo encontradas en allanamientos y el levantamiento del secreto de cuentas offshore. Todo eso han hecho en Brasil. Pero ello no se hace sin especialización y cooperación internacional. Unir las piezas de estos gigantescos rompecabezas no es tarea fácil.Hasta hoy no conocemos el contenido del “Pacto Secreto” entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía. Pacto cuyo marco legal no existe. Las empresas no son “colaboradores eficaces”. Solo pueden serlo las personas. ¿A cambio de qué la fiscalía deja seguir operando a Odebrecht en el Perú? ¿Por qué no traba embargos sobre peajes, incauta activos, allana inmuebles? Más aún con las declaraciones del Fiscal de la Nación al diario El País (que luego rectificó) diciendo que Odebrecht ya no estaba colaborando con la investigación. La rectificación no trajo mejores noticias. Sánchez dijo que lo que quiso decir es que la colaboración está en “stand by” porque se está verificando la información recibida. Es decir, todo está detenido.Otro problema grave es que, en lo que atañe al Perú, tenemos una empresa que colabora a medias con un narrador que dosifica la información, pero eso resulta más de lo que sabemos de las actividades ilícitas de OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, condenadas en Brasil y hasta ahora mudas en el Perú. Mientras tanto va corriendo el plazo para ganar la prescripción. ¿Investigar a Alan García por tráfico de influencias realizado hace seis años, cuando la máxima pena es de ocho años? Prescribe antes de que lo acusen. ¿Y Toledo? El delito se cometió hace once años. ¿No creen que va a dilatar todo con un ejército de abogados y triquiñuelas legales? ¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe. Lo que es cierto es que esta puede ser una oportunidad de oro para aprender lo que no se aprendió el año 2000 o puede ser la más cruel de todas las derrotas en esa lucha desigual –con enemigos muy poderosos y hábiles– contra la corrupción.
