Con la avalancha de “datitos” sobre cómo se organiza la asunción del gobierno de PPK, algunos especulan que se vendrían preparando muchas medidas legislativas, para delegación de facultades o con proyectos al Congreso. Es lógico que se busque reforzar o enmendar algunas leyes para poder hacer las cosas mejor. Pero hay que advertir que poner énfasis en nuevas leyes es un error y puede ser peligroso. Dentro de las facultades que la Constitución y la legislación le dan al poder ejecutivo y, en particular, al Presidente de la República, es mucho lo que puede hacer sin empujar nuevas leyes. Dos razones sustentan esto. Uno, porque en un escenario en el que el ejecutivo es minoría congresal no le conviene desgastarse en procesos parlamentarios que pudieran requerir gran inversión de tiempo y ser innecesariamente polarizantes. De considerarse inevitable entrar a lo legislativo, casi tan importante como las leyes que se puedan conseguir, es procurar que los temas planteados apuntalen a la concertación y no a la confrontación; se debe seleccionar muy bien las batallas. Dos, porque es mucho lo que se puede hacer con la normatividad vigente en el actual sistema presidencialista. Es una vieja distorsión, heredada de la tradición hispánica, pensar que dictando más leyes se puede cambiar el mundo. El viejo refrán de que “hecha la ley, hecha la trampa”, generado en esa tradición, sintetiza bien la abstrusa vida de decenas de miles de leyes incumplidas para que todo siga igual. La clave está en una conducción del gobierno firme y con visión estratégica, características ausentes en la ostensible falta de liderazgo del último quinquenio. El nuevo presidente debe ser, ante todo, el conductor político del Estado. Se me ocurren tres ejemplos claros en los que con el pulso firme en el timón –que promete PPK– las cosas podrían ir notablemente mejor. En parte, haciendo las cosas “al revés” de cómo se han venido haciendo. Primero, seguridad ciudadana. La clave es lograr una eficiente coordinación entre las tres “patas de la mesa”: policía, fiscales-jueces y ciudadanía. No se necesitan más leyes para crear un clima y enfoque compartidos entre policías y fiscales y articular a la ciudadanía en su papel de prevención. Pero para eso tiene que haber un presidente activo en este terreno desde el 28 de julio y una visión de Estado coherente. Eso permitiría que las actuales voces disonantes se conviertan en sinfonía en algunos meses. Segundo, inversión con paz social. Gracias a Toromocho, Las Bambas y Cerro Verde este año la producción de cobre ha aumentado 50% y nuestra balanza comercial no se ha afectado con el enfriamiento global. Pero no hay otros grandes proyectos en desarrollo. En tres años se necesitará más ingresos para ir compensando otros proyectos que terminan. Esto demanda inversiones mineras grandes. Problema: PPK hereda de OH una “pesada mochila” de 200 conflictos sociales sin resolver. Para hacer viable la nueva inversión no basta el marco regulatorio existente o una ilusoria esperanza de “paz social”. Urge una institucionalidad eficiente y dinámica de prevención y procesamiento de conflictos, atribución total del ejecutivo. Eso apunta a ir más allá de la referencia cliché a la “consulta previa” y poner en marcha un sistema que, entre otras cosas, las organice. Eso no es solo una obligación legal; bien conducidas, pueden ser un instrumento vital para acercar la inversión a la ciudadanía. Tercero, una política exterior activa y protagónica. La falta de agenda y de objetivos en el último lustro –fuera de La Haya–, afecta la proyección del Perú en el mundo y ha llevado a nuestra virtual desaparición en espacios esenciales como las Naciones Unidas o la promoción de la democracia. Es el presidente quien dirige la política exterior. No necesitará, tampoco, de más leyes para una agenda clara y conseguir objetivos a los que se renunció por el perfil bajo que prevaleció.
