Con el triunfo de Kuczynski en la segunda vuelta se instala en el Perú un gobierno dividido en el que el Presidente es de un partido (PPK) y el Congreso es controlado por otro partido (Fuerza Popular). Esta división no es un problema en un régimen presidencialista puro (como el de USA) en el que existe una clara autonomía de poderes, pero puede serlo en un presidencialismo parlamentarizado (como el nuestro) en el que el Presidente está sometido a ciertos controles parlamentarios. Entre estos, el voto de investidura del gabinete nombrado por el Presidente. Pese a los problemas que trae consigo (en un presidencialismo parlamentarizado) el gobierno dividido, este es preferible a un gobierno absolutista en el que el Presidente de la República controla el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y extiende luego su control al Poder Judicial y a los organismos de control institucional (Contraloría, TC, CNM, Defensoría, etc.). Este hubiera sido el caso si KF hubiese triunfado en la segunda vuelta. Una de las reformas políticas que es necesario hacer en el futuro es el cambio del régimen presidencialista parlamentarizado por el de presidencialismo puro debido a los problemas de gobernabilidad que aquel genera. Antes del gobierno de George Bush, USA tuvo 50 años de gobierno dividido y todo funcionó más o menos bien. Lamentablemente este cambio de régimen político no lo puede llevar a cabo el Congreso de la República (debido a sus propios intereses y a sus apetitos desmedidos de poder) sino un Poder Constituyente. En el Perú hemos tenido algunas experiencias de gobierno dividido en el último año de los gobiernos de Humala y de Toledo y en todo el primer gobierno del Presidente Belaúnde. En este último caso el gobierno dividido generó graves problemas de gobernabilidad que culminaron en el golpe del general Velasco Alvarado (1968). Tratando de evitar el golpe, el Presidente Belaúnde hizo la propuesta de gabinetes conversados al Apra y al Odriísmo, pero ya era tarde. Kuczynski conoce bien la permanente confrontación que desarrollaron Acción Popular y la Democracia Cristiana, por un lado, y la coalición Apra-Uno, por el otro, y que terminó en el golpe de Estado de Velasco. Es probable que esa experiencia lo lleve a evitar la confrontación y a plantear una política de concertación de alcances múltiples: acuerdos con el fujimorismo en el modelo económico y acuerdos con el centro y con la izquierda en todo lo que se refiere al despliegue de políticas sociales y al respeto de las libertades y de los derechos humanos. Como lo hizo Haya de la Torre en la Asamblea Constituyente (1979-1980). La cosa no será fácil si se tiene en cuenta la dura polarización en la que se ha desarrollado la segunda vuelta y la estrecha diferencia de los resultados. El fujimorismo tiene sangre en el ojo y el antifujimorismo radical es muy fuerte en la izquierda. Las dificultades se incrementan si se tiene en cuenta que los diversos líderes de la oposición quieren situarse bien frente al gobierno y a la opinión pública con miras a las elecciones regionales y locales del 2018 y a las elecciones generales del bicentenario (2021). Que sea difícil no significa, sin embargo, que sea imposible.
