La palabra más importante de la campaña electoral es continuidad. Esto no significa que el cambio esté ausente en las propuestas en lisa; sucede que los planteamientos innovadores se acotan a los cómo y muy escasamente a los qué. A diferencia de las elecciones de los años 2001, 2006 y 2011, los resultados del 10 de abril hacen de la estabilidad un discurso tácito, de modo que se predica el futuro pero no necesariamente el cambio. No estamos consumiendo grandes recetas de Estado y en tanto el espacio público se achica. Lo que tenemos es una agenda frondosa versus un espacio público enano. Esta agenda está hegemonizada por tres elementos contradictorios: 1) el reclamo de logros rápidos contra el delito, congruente con varias intensidades de mano dura en seguridad; 2) la exigencia de transparencia y eficiencia pública y, al mismo tiempo, una alta tolerancia social frente a la corrupción; y 3) la necesidad de una reforma política, a secas. Estas expectativas cruzadas resumen la coyuntura crítica de un país que no está polarizado sino fragmentado. En esta agenda, la parte más incómoda es la reforma política, un tema infiltrado. La mayoría de políticos y de medios hablaron de ella solo luego de la desastrosa ley de la exclusión de candidatos expedida cuando el proceso electoral estaba en marcha. El único consenso alcanzado es que los problemas del sistema se deben a la ausencia de reformas; luego de esto, el callejón oscuro que será patente luego del 28 de julio porque o no hay reforma de calado aceptada por todos los actores, o existe consenso sobre el problema pero no sobre la solución. Identifico hasta cuatro esquemas de entrada a las reformas. El esquema I hace énfasis en la modernización de los servicios y del mercado, una especie de reforma de 1ª generación y ½, a tono con el Decálogo de Gaebler/Osborne, de gobierno empresarial (expuesto en el famoso libro La reinvención del gobierno), acercando los servicios a los ciudadanos, recortando trámites, cambiando los controles por los resultados y formalizando la economía. El cambio de fondo en ese esquema es la creación de nuevos ministerios. El esquema II es en parte coincidente con el formato de reformas de 2ª generación resumido para el Perú por Moisés Naim en su última visita, es decir reforma judicial profunda, servicio civil, diversificar la economía, atajar la corrupción, mejorar calidad de la educación y actualización de las capacidades regulatorias públicas, entre otras. Este esquema está perdiendo peso aceleradamente a causa de las ofertas populistas en la segunda vuelta. El tipo III es una reforma institucionalista mínima que propone reinstalar la bicameralidad, flexibilizar el mandato parlamentario individual y fortalecer las bancadas, eliminar el voto preferencial, establecer la segunda vuelta parlamentaria, aumentar la capacidad reguladora pública en los sectores financiero, salud, educación, renegociar los contratos extractivos y reducir el peso del MEF para fortalecer los entes rectores sectoriales. El esquema IV es una reforma institucionalista máxima que propone cambios legales y constitucionales en cantidad y calidad para incorporar nuevos derechos, la elección paritaria en los cargos sujetos a sufragio, la muerte civil de los corruptos, el control de fusiones y adquisiciones, la revisión de los acuerdos comerciales lesivos, la promoción firme del crédito desde del Estado, el aumento de la presión tributaria, la reforma pensionaria y la universalización de derechos, entre otros. Entre estos esquemas existen vasos comunicantes pero sobresalen las diferencias que remiten a opciones distintas de Estado y economía. El desafío de reforma política sin cambio político es inédito y no muy esperanzador, y por esa razón los primeros esfuerzos tendrían que venir desde la sociedad en una forma de diálogo político y social que deberá ser reinventado. http://juandelapuente.blogspot.pe
