Abril 2015: Delia Morales, Directora de la OEFA, señala que el derrame del 30/04 del gasoducto TGP se estima en 1,723 barriles de LGN. La quebrada QachqaRumi –tributaria del río Kintipiri– habría sido la zona más afectada. El Comercio, 02/05/2015: Más de mil pobladores sufren las secuelas del derrame de líquidos del gas natural. Presentan vómitos, dolores de cabeza y manchas. 19 enero 2016: TGP suspende transporte de líquidos al detectarse fuga en Cusco. 2 febrero 2016: TGP reanudó transporte de líquidos a la costa de forma gradual. A estos derrames del ducto de Camisea se suman otros seis desde el 2005 al 2007 (http://goo.gl/2UlgOW). Y, ojo, la rotura del 19 enero es anterior en varios días a la primera de Petroperú (Cañariaco, 25 de enero), pero no se los relacionó. Dos varas y dos medidas. Este recuento no quiere “pasar por agua tibia” los dos derrames del oleoducto de Petroperú. El primero, en Cañariaco, ocasionado por un masivo movimiento de tierra y, el segundo, el 4 de febrero, en Morona, debido a una falla de presión. El supuesto “tercer derrame” nunca fue tal, pues era mantenimiento, tal como lo informó OEFA. Pero la prensa gritó “derrame” a viva voz. Los derrames de petróleo (mancha negra y viscosa) dañan el ecosistema, provocan la muerte de peces y aves y afectan la vida de las personas. Lo mismo sucede con los líquidos del gas natural de Camisea (cuyo efecto negativo es menos visible e impactante debido a su semejanza con la gasolina). Están justificadas las protestas de la población. Pedimos sanción para los responsables, mejoras técnicas y una evaluación exhaustiva por la OEFA y Osinergmin. El Colegio de Ingenieros del Perú, de reconocida independencia y solvencia profesional, debiera realizar una auditoría al Oleoducto y a los ductos de Camisea. Sus conclusiones debieran tener carácter vinculante, para que haya confianza en la seguridad del traslado por los ductos. Y no se debe “saltarse a la garrocha” a la OEFA y Osinergmin para pedir que, ya, se aplique “la máxima sanción” a Petroperú, como lo hizo el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Si los derrames merecen esa máxima sanción, pues que se aplique. Pero hay que respetar la institucionalidad vigente y eso comienza por las más altas investiduras. Vayamos ahora a la derivada política. No existe un consenso acerca del rol de las empresas públicas, lo que comienza por el Art. 60 de la Constitución de 1993 que plantea la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial y, por tanto, la privatización de Petroperú, comenzada por el régimen fujmontesinista. La privatización no concluyó, pues fue detenida por los movimientos sociales en Talara y todo el país. En el 2005, Petroperú salió de la privatización y en los últimos 2 años comenzó la modernización de la Refinería de Talara (aprobada a regañadientes por el MEF de Castilla y Segura), que disminuirá el contenido de azufre de los combustibles y la contaminación. Y se ha avanzado más: Petroperú acaba de obtener el grado de inversión por Fitch y Standard and Poor´s para la emisión de bonos para financiar la refinería. Petroperú debe pasar a explotar petróleo, con el Lote 64 (de su propiedad) y con el Lote 192, impulsado por la población loretana y aprobado por el Congreso, con el voto en contra del Ejecutivo. La campaña política de la derecha privatizadora quiere eliminar estos avances, diciendo: si Petroperú no puede contener los derrames del oleoducto, menos aún podrá explotar petróleo. Falso. Si de eso se tratara, entonces, la explotación de petróleo debiera cesar, ya, en todo el mundo. En EEUU existen 350,000 millas de oleoductos y los derrames ocurren. En el 2010, British Petroleum derramó 3 millones de barriles en el mar del Golfo de México: el peor desastre ambiental de la historia. Por eso, debemos ir hacia el consumo de energías no contaminantes, como la eólica, la solar y la biomasa. Sí. Pero es un proceso de largo plazo, pues las proyecciones dicen que el consumo de combustibles fósiles se mantendrá sin variaciones hasta el 2050. La transición a los combustibles limpios es la tarea del Cambio Climático de Naciones Unidas, la COP 21 de París. Y apoyamos ese proceso. Pero la campaña contra Petroperú no cesa. Se dice que encarece los precios de los combustibles para financiar la refinería. Falso (volveremos sobre el tema). ¿Cuál es acá el quid del asunto? Muy simple: eliminar incluso la idea de la soberanía energética, el ABC en todos los países del mundo (el 95% de las reservas de petróleo está en manos de empresas estatales). Lo que quieren los privatizadores es asegurarse que nada cambie y todo siga igual: que no se apruebe un Plan Energético de Mediano Plazo para seguir con sus negocios a voluntad (como exportar el gas del Lote 56 a precios irrisorios a México y no querer discutir la renegociación de los contratos; o la masificación del gas a su manera; o impedir la petroquímica en Ilo y Mollendo). ¿Y el Estado? Bien gracias, pintado en la pared, no porque lo obliguen, sino porque quiere. Para quienes queremos un país soberano, con poder de decisión sobre sus recursos energéticos y con un Petroperú con alta capacidad técnica y eficiencia, con Buen Gobierno Corporativo y comprometida a 1000% con la preservación del medio ambiente, hay una delgada línea roja que los privatizadores quieren que crucemos. Porque queremos una nueva mayoría popular para un nuevo consenso sobre las empresas públicas, no caeremos en su juego. Ya somos muchos los que no la cruzaremos.
