Ya está listo el decreto con el que se sancionará a quienes saboteen el Oleoducto

El último ataque al Oleoducto Nor Peruano (ONP) de Petroperú motivó no solo un nuevo derrame de petróleo sino que la empresa se declare en estado de emergencia; sin embargo, el Ejecutivo no dejará a su suerte a la empresa de todos los peruanos.,Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas, aseveró que dentro del primer paquete de medidas que el Ejecutivo presentará en el transcurso de los próximos días, incluirá un decreto legislativo que penaliza el delito de daños a la infraestructura del Oleoducto Nor Peruano. PUEDES VER: Inician investigación a nueva fuga de petróleo en oleoducto de la Amazonía Destacó que este decreto es uno de los primeros que ya fue evaluado y firmado en el Consejo de Ministros. Precisó que la idea es desarrollar medidas legales que den la señal clara que "quien hace estas cosas, está incurriendo en un delito y como es un delito va a tener que ser penalizado. Además estamos pidiendo protección de estas instalaciones a las fuerzas del orden", manifestó Tamayo. En paralelo, explicó, la petrolera estatal iniciará el programa "Guardianes del Oleoducto" para mejorar su relación con las comunidades en la zona de influencia del ONP, para que sean estas quienes en sus recorridos diarios reporten cualquier incidente . BonoGas El ministro Tamayo participó en la inauguración de las primeras conexiones domiciliarias de gas natural bajo el programa BonoGas, el cual está dirigido a los hogares de menores ingresos, para que se cambien del suministro de GLP al gas natural y puedan ahorrar en sus gastos de consumo de energía. Se estima que bajo este programa se conectarían 100 mil nuevos hogares al suministro de gas natural en el 2017 en Lima Metropolitana. Acotó que a inicios de octubre, hay cerca de 8 mil inscritos al programa y de ellos hay 1.500 que están en proceso de conexión y 300 conectados hay 300. El dato Tamayo detalló que bajo el esquema del BonoGas el costo de instalación para los hogares más pobres es cero, y para los hogares con ingresos bajos el Estado asume el 50% del financiamiento, en un crédito a 10 años sin intereses que va a ser cobrado en el recibo del pago mensual.