Controversia ante posibles ajustes en las tarifas de agua

Garantizar el acceso universal al agua potable y saneamiento es uno de los principales retos que tenemos como país. Prueba de ello es que para cerrar la brecha de infraestructura en agua y saneamiento se requiere una inversión de S/120.000 millones, según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

Ante esta problemática, la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, explicó que su cartera trabajó un proyecto de ley para garantizar el acceso universal del agua en 10 años, documento que ya cuenta con un dictamen en el Congreso.

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Además, se pidieron facultades al Parlamento para actualizar el Decreto Legislativo 1280 (Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento). “Se aprobó hace 7 años, pero no se ha logrado bajar la aguja y, al contrario, en algunos indicadores la brecha es aún mayor”, dijo la ministra en setiembre a un medio local.

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Esta semana, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) emitió un comunicado respecto a la propuesta de modificación del DL 1280. En este se advirtió que se trasladarían las funciones en fijación tarifaria de agua al MVCS, cuando el ente regular es el que se encarga de ello para asegurar la transparencia.

De acuerdo con el presidente de Sunass, Mauro Gutiérrez, una de las modificaciones es que el MVCS sería el encargado de establecer las escalas remunerativas; teniendo en cuenta que el pago de sueldos implica el 70% de los costos de las empresas que brindan el servicio de agua, y un incremento de sueldos subiría lo que pagan los usuarios en sus recibos de forma automática.

En segundo lugar, el Ejecutivo ahora se encargaría de establecer todos los criterios de costos. Cuando actualmente el regulador se encarga de hacerlo priorizando la eficiencia y a través de un proceso público. Y un tercer punto es que las tarifas podrían modificarse sin estar condicionadas a las mejoras del servicio, según Gutiérrez.

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MVCS rechaza injerencia

A diferencia del funcionario, quien ha explicado en diferentes medios el porqué de su disconformidad con esas propuestas, la ministra Pérez de Cuéllar solo ha dicho que rechaza cualquier acusación de injerencia contra el regulador y que la iniciativa que impulsa busca que los cobros sean más equitativos y justos. “No es posible que los que tienen agua 24/7 paguen menos que los que tienen agua por horas. No hay derecho”, anotó.

Por su parte, Sedapal manifestó que el proceso de fijación tarifaria desarrollado por la Sunass no es técnico ni moderno y que el ministerio solo busca que se sinceren los costos de producción para apuntar a una gestión eficiente.

Mientras que desde la Asociación Nacional de Entidades Prestadores de Saneamiento (Anepssa Perú), que incluye a Sepadal, señalaron que las tarifas que hoy rigen no permiten cubrir los costos y están alejadas de las necesidades de inversión que tienen estas empresas en su compromiso con el cierre de brechas. Cabe precisar que el MVCS tiene plazo hasta el 22 de diciembre para aprobar las medidas planteadas.

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Empresas de agua solo invirtieron el 14% de los fondos

Durante el primer semestre del 2023, las empresas prestadoras (EP) de servicios de saneamiento solo ejecutaron en promedio el 13,98% de sus fondos provenientes de las tarifas; es decir, S/197,5 millones (S/152 millones de ejecución de Sedapal y S/45,5 millones de otras EP), según el tercer reporte de seguimiento de inversiones de Sunass.

Las causas de estos bajos niveles de inversiones son diversas, de acuerdo al regulador. Una de ellas es la priorización de proyectos fuera del estudio tarifario.

Otra causa son los procesos lentos para la obtención de licencias y permisos de los proyectos de saneamiento, y se suma la demora en la formulación de los proyectos, observaciones, entre otros.