Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó el Perú entre el 24 de enero y el 8 de febrero de este año. Entre las principales conclusiones que se presentaron destacó que “es necesario rediseñar el sistema de pensiones para garantizar ingresos regulares y abordar los crecientes riesgos de pobreza en la vejez”.
De esta manera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la reforma integral del sistema de pensiones se ha convertido en “una prioridad crítica” luego de que se permitieran más de cinco retiros anticipados de las cuentas de pensiones privadas.
Además, debido a la débil posición financiera del sistema de pensiones, existe la necesidad de crear consenso social sobre las diferentes alternativas para capitalizar el sistema. “Cualquier propuesta de reforma debe estar dentro del marco fiscal actual”, señaló de forma preliminar.
En esta misma línea, el economista Javier Olivera explicó, durante su presentación en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, que el principal problema es que hay una desconexión entre los sistemas previsionales que tiene el Perú.
Por un lado, el sistema privado de las AFP no es propiamente de pensiones, sino que los distintos ajustes que se han hecho desde el 2015 lo ha convertido en un “sistema de ahorro obligatorio”, mientras que el sistema público adolece de falta de financiamiento.
Al otro lado se encuentra el programa Pensión 65, cuyo potencial para hacerlo universal es el único punto en el que hay consenso, ya que hoy solo cubre a medio millón de personas en extrema pobreza, precisó Olivera.
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“Creo que es mucho mejor tener un sistema mixto donde el trabajador pueda tener distintas fuentes de ingreso en la vejez: pensión social, contributiva y capitalización individual”, propuso el economista.
En julio de 2022, el gobierno de Pedro Castillo creó la Comisión Multisectorial para elaborar el proyecto normativo de un nuevo sistema de pensiones que beneficie a la gran mayoría de peruanos y les permita acceder a una cobertura previsional digna y universal.
El Gobierno de Dina Boluarte amplió el plazo de vigencia de la comisión hasta el 31 de mayo, fecha en la que sus miembros deberán entregar su informe final con sus recomendaciones.