Repsol se libra de multa millonaria en medio de conflicto de interés

Ayer se cumplió un año del desastre ecológico más grande que ha afectado al mar peruano, debido al derrame de más de 11.000 barriles de petróleo. Lejos de hacer efectivas las sanciones contra la responsable, la refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol se ha liberado de una millonaria multa en medio de un conflicto de interés, de acuerdo a documentos a los que tuvo acceso La República.

En julio de 2022, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso la primera multa a Repsol por 1.087 UIT, que equivalen S/5 millones 004.491, por no identificar las zonas afectadas por el derrame en el mar de Ventanilla.

Como era de esperarse, la empresa española apeló la sanción, pedido que quedó a cargo del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA), órgano resolutivo del OEFA. De acuerdo con la resolución n.º 003-2023-OEFA/TFA-SE, el ente declaró nula la sanción al haberse “vulnerado el principio del debido procedimiento y el deber de motivación”.

Además, se señala que corresponde volver a iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Ya que la empresa argumentó que OEFA no cumplió con remitir dos informes de supervisión.

De los siete procesos sancionadores iniciados contra Repsol, uno está en trámite y seis derivan en multas que suman más de S/70 millones; de estas, tres han sido apeladas y dos están dentro del plazo de impugnación que vence el martes 31 de enero. Aunque hoy ya conocemos la resolución de la primera, que favorece a Repsol.

OEFA confirma conflicto de interés

Este medio reveló que la secretaria técnica del TFA, Angélica María García Gilio, es la esposa de Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la refinería La Pampilla, de acuerdo con la declaración jurada presentada por García en abril de 2021.

Por esta razón, OEFA la ha separado del cargo. “Tal decisión ha sido ejecutada de forma inmediata, al conocerse que tiene un vínculo conyugal con un directivo de la empresa Repsol S.A. En ese sentido, se han iniciado las investigaciones necesarias (...)”, precisaron.

A pesar del vínculo, García no se abstuvo de cumplir sus funciones, entre las que se encuentran proporcionar a los vocales —quienes admiten o rechazan las apelaciones del Tribunal— asesoría técnica especializada.

“Cuando ocurren las cosas así tan oscuramente, uno puede pensar que si no hay complicidad, por lo menos, hay una mano muy débil para sancionar las conductas de Repsol hasta la fecha”, precisó Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana.

Por su parte, el abogado de la SPDA, Jean Pierre Araujo, opinó que la responsabilidad o no de la funcionaria y el posible conflicto de interés podría generar investigaciones administrativas e incluso penales contra ella. “De primer momento, no generaría impacto en la resolución del TFA, si bien el secretario técnico sustenta el informe, hay un colegiado que revisa todo el expediente y reflexiona sobre la posición jurídica y técnica propuesta”, precisó.

Resolución polémica

El Tribunal de Fiscalización del OEFA ha resuelto a favor de la empresa Repsol la primera de 4 impugnaciones.

OEFA separa a funcionaria

Angélica García, secretaria técnica del Tribunal de Fiscalización, declaró ser esposa de un ingeniero que labora en la refinería La Pampilla.

OEFA: Multa a Repsol no se anulará, sino que se “recalculará”

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) señaló en un comunicado que la multa de S/ 5 millones impuesta a Refinería La Pampilla S.A.A. de Repsol —tras el derrame de petróleo en Ventanilla— no será anulada, sino que se “recalculará”. 

“La decisión del TAF (Resolución n.° 003-2023-OEFA/TFA-SE), luego de revisar ese requerimiento, confirmó la responsabilidad de Repsol por incumplir la citada medida preventiva y solicitó al OEFA que se recalcule la multa antes señalada, lo cual no implica la nulidad ni libera de responsabilidad a la mencionada empresa,” precisó la entidad.

El dato

Daños. La crisis ambiental y humanitaria derivada del derrame de petróleo afecta a medio millón de peruanos vinculados al ecosistema marino, entre los que se encuentran pescadores, comerciantes, ambulantes y otros, según Oceana Perú.