Sustento de norma que reduce las multas de empresas pesqueras sería insuficiente

El viernes 27 de mayo, mediante el Decreto Supremo 007-2022-PRODUCE, el Gobierno aprobó reducir las multas de empresas pesqueras infractoras hasta en un 90%. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) solicitó al Ministerio de la Producción, vía pedido de acceso a la información, el sustento técnico para emitir esta norma.

El documento de 331 páginas se reduce a que el motivo principal es que las empresas de este sector han sido afectadas económicamente por la pandemia, lo cual se ha considerado poco técnico.

“Señalan que la pandemia por la COVID-19 ha afectado la economía del sector empresarial pesquero, por lo que corresponde darles facilidades y por tanto descontarles hasta el 90% de las multas. Argumento por el cual discrepamos, ya que escapa de lo técnico”, explica Percy Grandez, asesor legal de Gobernanza Marina de la SPDA, a La República.

El especialista agrega que siguiendo esta lógica, por ejemplo, también se le podría dar el beneficio de descontar la multa por el derrame de petróleo a la empresa Repsol, ya que está afectada por la pandemia.

“Este tipo de normas debilitan totalmente la fiscalización pesquera, también el trabajo de los propios fiscalizadores de Produce que durante años vienen realizando su función de supervisión, también a quienes tramitan los procedimientos sancionadores, todo ese trabajo se desvanece”, precisa Grandez.

Cabe recordar que con esta norma se les descuenta multas no solo a quienes ya les han iniciado el proceso sancionador, sino a los que están en proceso de ejecución coactiva e incluso a los que tienen una multa judicializada,

Otro aspecto que se menciona como argumento es que este tipo de medidas pueden contribuir a tener ingresos en el corto plazo, “en periodos de estrés fiscal”.

Al respecto, Grandez indica: “Las sanciones no deberían tener una finalidad recaudatoria. La finalidad es castigar a aquel que haya cometido una infracción. Desde luego las multas ingresan al erario público, pero creo que con esta norma lo que se va a lograr es disminuir la recaudación”.

También se señala que como hay otras entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que ya han dispuesto este tipo de descuentos, corresponde que Producción también lo haga.

“El hecho de que haya otros sectores que actúen de manera irregular, no implica que el sector pesquero tenga que actuar de la misma manera. Eso es algo que tenemos que corregir como Estado. No se deberían imitar las malas prácticas, que debilitan totalmente la sanción y la potestad sancionadora del Estado”, puntualiza Grandez.

¿Qué se puede hacer?

La congresista Norma Yarrow ha presentado, el 1 de junio, un proyecto de ley que incluye que se modifique la Ley General de Pesca y que se disponga que, en los regímenes de beneficios para el pago de multas administrativas en el sector pesca y acuicultura, en ningún caso podrá establecer descuentos superiores al 40% del valor de la multa correspondiente, según el principio de razonabilidad de Ley del Procedimiento Administrativo General.

Para detener el efecto de la norma “se podría judicializar, presentar alguna acción legal, pero eso demora. Correspondería que el Ministerio de la Producción derogue el oficio, aunque resulte complejo hacerlo porque ya deben haber empresas que ya han presentado sus solicitudes”, opina Grandez.

El especialista concluye que esto debería quedar como lección para que no ocurra en el futuro y lo que se debería hacer en el corto plazo es poner candados en la Ley General de Pesca como lo que propone la congresista Yarrow.