La pandemia de la COVID-19 evidenció -y agrandó- las brechas en el desarrollo de infraestructura para la conectividad.
En el caso de Perú, según la consultora internacional SmC+, se necesitan inversiones que superen los US$ 2.000 millones solo para infraestructura pasiva de telecomunicaciones hasta 2030, lo cual será fundamental para que las nuevas tecnologías tengan un acceso masivo e ininterrumpido y puedan maximizar su impacto socioeconómico.
En 2022 iniciarán despliegues que ayudarán a obtener escala regional a partir de los concursos de Chile, República Dominicana y Brasil. Foto: Midis
Al respecto, Sebastián Cabello, CEO de dicha consultora, prevé que para 2030 se desplegarán alrededor de 550.00 nuevos sitios en América Latina, en su gran mayoría del tipo celdas pequeñas (o small cells) que coexistirán con las nuevas macroceldas y servirán para soportar una amplia gama de servicios que serán la base del nuevo salto de productividad en muchos sectores.
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Mientras que, enfatizó, solo en Perú se necesitará instalar al menos 59.000 nuevos sitios, que solo podrán llevarse a cabo siempre que estén dadas las condiciones regulatorias necesarias para su despliegue.
En ese sentido, recomiendan políticas que logren una mayor alineación y uniformidad regulatoria entre organismos nacionales y subnacionales, así como disminución en la burocracia para habilitar permisos para el uso de espacios e inmuebles públicos, así como la seguridad jurídica en los procesos de apelación y la aplicación de tasas desproporcionadas o dispares.
Respecto a la normativa peruana, Renzo Escobar, Gerente General de American Tower en nuestro país, sostuvo que contamos con la Ley 29022, la cual cataloga como “un marco ejemplar en la región que ha hecho posible un acelerado avance en el despliegue de infraestructura en la última década”, la cual debe fortalecerse para atender los nuevos que se requieren aquí y estar a la altura del crecimiento exponencial en la demanda de internet.
“El punto de partida serán las licitaciones de espectro 5G, algo que no debería demorarse, en tanto en 2022 iniciarán despliegues que ayudarán a obtener escala regional a partir de los concursos de Chile, República Dominicana y Brasil”, manifestó Cabello.
Por otro lado, SmC+ proyecta inversiones de US$ 17.000 millones en América Latina, solo para cubrir las necesidades de infraestructura pasiva (excluyendo la infraestructura activa, el espectro y costos de operación).
Cabello enfatizó que la creciente participación de las empresas de infraestructura en el mercado, y el consecuente aumento de la compartición, mejora el uso del espacio público, reduce costos administrativos y el impacto ambiental.
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Dicho análisis, según Escobar, evidencia la transformación gestada en los modelos de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, donde las empresas de infraestructura pasiva contribuyen a que la conectividad llegue de forma más ágil y eficiente a todo el país, en momentos donde se necesita acelerar la inclusión digital para mejorar la calidad de vida.
Acción. Según el estudio, también urge promover el desarrollo de mesas intersectoriales -con participación del sector privado- para facilitar el despliegue, optimizar la coordinación nación-municipio y homogeneizar así las reglas y eliminar la discrecionalidad.
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