Las brechas de desarrollo de infraestructura para la conectividad por la pandemia de la COVID-19 en el Perú se han ampliado, lo cual ha generado un fuerte impacto económico y social. Para que las nuevas tecnologías tengan un acceso masivo sin brechas o asimetrías se necesitarán inversiones por más de US$ 2.000 millones solo en infraestructura de telecomunicaciones hasta el 2030, así lo informó un reciente estudio de la consultora internacional SmC+, llamado “Nuevas Dinámicas de la gestión de infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina”.
En el Perú se estima que se necesitará instalar al menos 59.000 nuevos sitios o antenas del tipo de celdas pequeñas o “small cells”, los cuales servirán para soportar una amplia gama de servicios que serán el nuevo salto de productividad en muchos sectores, según Sebastián Cabello, CE de la consultora SmC+ y ex jefe de GSMA para Latinoamérica.
Esto podrá llevarse acabo siempre que estén dadas las condiciones regulatorias para el despliegue a nivel local, lo cual contribuiría con el cumplimiento de más de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Así, destacaría el mayor crecimiento económico, mejoras en la reducción de la pobreza, desigualdad, salud y medio ambiente.
“El punto de partida serán las licitaciones de espectro 5G, algo que no debería demorarse, en tanto en 2022 iniciarán despliegues que ayudarán a obtener escala regional a partir de los concursos de Chile, República Dominicana y Brasil”, dijo Cabello. Además, el estudio proyecta inversiones de US$ 17.000 millones en América Latina, solo para cubrir las necesidades de infraestructura pasiva (excluyendo la infraestructura activa, el espectro y costos de operación).
Cabello indicó que el aumento en la compartición de sitios en la región, respecto de los niveles actuales, podría llegar a ser de 16% para 2030. Por lo que estiman que el 62% de estas inversiones sean realizadas por empresas dedicadas a la infraestructura pasiva.
Según el estudio, entre los principales desafíos de política pública en la región para acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, se destaca lograr una mayor alineación y uniformidad regulatoria entre organismos nacionales y subnacionales, así como disminución en la burocracia para habilitar permisos para el uso de espacios e inmuebles públicos.
Además, Cabello señaló que el estudio recomienda promover el desarrollo de mesas intersectoriales con participación del sector privado para facilitar un mayor alcance de la conectividad, como también para optimizar la coordinación nación-municipios y que sirva de base para homogenizar las reglas y eliminar la discrecionalidad.
De esta forma, lograr que las gestiones administrativas colaboren en la mejora de los servicios de teleducación, salud, trabajo remoto, comercio electrónico y productividad en general.