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Contraloría declara perjuicio equivalente a S/ 1.115 millones en la refinería de Talara

El órgano determinó la presunta responsabilidad administrativa y civil en 44 funcionarios y exfuncionarios de Petroperú. “No podemos decir que aquí ha habido corrupción”, aclaró Shack.

Foto: URPI-LR
Foto: URPI-LR

La Contraloría General de la República determinó un perjuicio equivalente a S/ 1.115 millones por la demora en la contratación de servicios y ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios de la nueva refinería de Talara.

A través de una conferencia de prensa, el contralor Nelson Shack reveló problemas por tercerización sin análisis, dos contrataciones directas fallidas y propuestas rechazadas que demoran la ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios en la planta, a cargo de Petroperú.

“En la práctica, Petroperú, a nuestro juicio, no actúa diligentemente y hace, prácticamente, un segundo proceso sin haber resuelto los problemas esenciales del primer proceso”, precisó.

En este sentido, la Contraloría declaró la presunta responsabilidad en el desbalance de 44 funcionarios y exfuncionarios de la petrolera estatal. Entre ellos, figuran tres expresidentes de la petrolera, catorce miembros de directorio y veinticinco funcionarios que ocuparon diversos cargos en las gerencias de refinación, corporativo legal, entre otros.

No obstante, el contralor Nelson Shack aclaró que la responsabilidad de los funcionarios de Petroperú es solo es administrativa y civil, más no penal.

“No podemos decir que aquí ha habido corrupción. No hemos investigado eso todavía, no sabemos si (el proyecto Talara) está sobrevalorado. Para eso se necesita una auditoría de cumplimiento, pero ya no al proceso de elección, sino al proceso de ejecución contractual, el cual será objeto de una auditoría en este marco integral que se ha dispuesto a la refinería de Talara una vez que se termine, a mediados del 2022″, remarcó el funcionario.

En este sentido, Shack no descartó que se puedan iniciar nuevas diligencias una vez esté terminado el proceso de renovación del referido proyecto, valorizado en US$ 5.718 millones.

“Estimamos que en el 2023, la Contraloría va a desarrollar una auditoría de cumplimiento para ver estos temas, y estamos analizando una auditoría de desempeños para saber si realmente fue una buena idea invertir tanta plata en un proyecto de esta naturaleza”, concluyó el informe.

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