Cerro Verde demanda al Estado peruano por controversia tributaria

El Estado peruano afrontará otro arbitraje, luego de que la Sociedad Minera Cerro Verde anunció iniciar este proceso, presentado a través de la accionista estadounidense Freeport McMoRan.

El tema en cuestión guardaría relación con las regalías que la Sunat exige a la minera, como parte de la Ley de Regalía Minera, de 2004. En su artículo 5 establece que si la venta de producción minera excede los 120 millones de dólares, la empresa tenía que pagar el 3% del valor bruto. Para el 2011, las regalías se calculaban en base a un porcentaje aplicado sobre el margen operativo.

En mayo de 2018, la superintendencia señaló que la deuda por este concepto llegaba a S/ 1.191 millones: S/ 983 millones son por regalías entre 2009 a 2011, mientras que los S/ 208 millones son del saldo de dos deudas previas, entre 2006 a 2008.

Sin embargo, en medio está el convenio de estabilidad jurídica, firmado el 17 de marzo de 1994 entre la minera y el Estado -a través de la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras-, con el que se garantiza “la estabilidad del régimen tributario” del primero. Este contrato, según indica Jorge Manco, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue ampliado en el 2012, hasta el 2027.

Sin embargo, hay un aspecto a tomar en cuenta, señala Manco. “Cerro Verde no hace diferencia entre el proyecto Cerro Verde 1, que se privatizó, y el proyecto Cerro Verde 2, que es la explotación de los sulfuros de cobre”. La polémica Graña y Montero construyó entre 2005 y 2006 este último proyecto, de sulfuros primarios.

El Estado diferencia los dos proyectos, según Manco. “Este sí (el proyecto de sulfuros primarios) paga regalías. Ese es el meollo del punto de vista. (…) La estabilidad no le corresponde”. El contrato solo beneficia al primero.

David Bravo, especialista en temas tributarios, indicó que este acuerdo “no protege a Cerro Verde”, dado que “las regalías no constituyen tributo, sino una contraprestación por la explotación de recursos naturales no renovables”.

El Tribunal Constitucional, en el 2004, había declarado infundado la demanda de inconstitucionalidad –presentada por José Morales Dasso, director de Minas Buenaventura– contra la norma.

El Manco expresa que las ampliaciones realizadas por Cerro Verde para aumentar la producción de cobre “han gozado del beneficio de reinversión tributaria, hasta el 80% del Impuesto a la Renta. Por pagar al Estado (ese 80%) podía ser deducible, por concepto de reinversión”. “Esta empresa ha gozado de los beneficios tributarios en plena bonanza y, sin embargo, nos lleva ante el Ciadi”, añade.

Para mayo de 2017, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa le dio la razón a la Sunat respecto al cobro de regalías contra Cerro Verde, confirmando un fallo judicial previo. A su vez, en agosto de ese año, la Sétima Sala Contencioso Administrativa de Lima indicó que no se podía incluir el proyecto de sulfuros primarios al contrato de estabilidad jurídica.

El 16 de diciembre de 2019, la Sunat ya había sido avisada por la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) sobre las intenciones de la minera de ir a arbitraje.

Sin consenso, el caso sería llevado al Ciadi, al recurrir al acuerdo de Promoción Comercial entre el Perú y EEUU.

Litigación tributaria

Cerro Verde no sería la única que afronta problemas en aspectos tributarios. Según Ojo Público, desde la Sunat esperan recuperar, de 233 empresas, S/ 11 mil millones por deudas tributarias, pero solo 22 de estas compañías concentran la mayor parte del monto: S/ 9,4 mil millones.

Asimismo, en el Tribunal Constitucional se debate la acción de amparo de Scotiabank contra la Sunat por un interés moratorio de más de S/ 400 millones de la deuda -de S/ 48 millones- que adquirió con la compra de la extinta Wiesse Sudameris.

Presencia de la empresa de Roque Benavides

Si bien Freeport McMoRan Inc. inicio el proceso de arbitraje, esta empresa no tiene la participación total en la sociedad minera, pero sí es accionista mayoritario.

La compañía norteamericana es el participante mayoritario en la minera, con 53,56%. Pero no es la única. Le sigue la japonesa Sumitomo Metal Mining Company Ltd., con 21%, y la Compañía de Minas Buenaventura, con 19,58%. El resto es invertido en la bolsa de valores.

Vale mencionar que la última empresa pertenece a Roque Benavides, expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privada (Confiep). Justamente su compañía aportó 200 mil dólares a este gremio para las elecciones presidenciales de 2011, “a favor de la empresa privada”, destinado a la campaña de Keiko Fujimori.

Para septiembre de 2017, la Sunat señaló que Buenaventura, al igual que Cerro Verde, era una de las empresas involucradas en los 9 litigios con la entidad por 7 mil 53 millones de soles.

Las cifras

1,2 mil millones de soles es lo que exigía la Sunat a Cerro Verde por regalías.

80% de los arbitrajes en el Ciadi fueron favorables para el Estado peruano.

Procesos del Perú en Ciadi

Son 17 arbitrajes ante el Ciadi que afrontó el país. Los montos que pidieron las empresas llegaron a más de US$ 49 mil millones, solo entregándose US$ 43 millones en 3 casos. En estos, dos fueron el 4% de las pretensiones iniciales y el otro pago fue menor a la mitad de lo reclamando.