Otra vez se posterga el proyecto de llevar gas a las regiones del sur

El gobierno no tiene en su agenda impulsar el proyecto del Sistema Integrado del Transporte de Gas (SIT Gas) en la zona sur del país, pese a que en reiteradas ocasiones se anunció como prioridad y se le incluyó en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.

Esto se debe a que, de acuerdo a la cartera de proyectos de ProInversión, su adjudicación está estimada para el segundo semestre del 2021 o después. Es decir, el siguiente gobierno lo licitará.

Desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se espera el cuarto informe de la consultora Mott MacDonald sobre el tema, a entregarse en febrero, para analizar el esquema y llevar adelante el proyecto que, posiblemente, recorrerá la misma ruta que el Gasoducto Sur Peruano −como se llamaba antes−, que es investigado por la Fiscalía en el caso Lava Jato.

En demora

“El tema fundamental no es técnico”, señala Humberto Campodónico, profesor de Economía de la Universidad San Marcos. El gasoducto fue licitado en el 2014 al consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero (GyM). Para enero del 2017 se puso fin al contrato por no acreditar el cumplimiento del cierre financiero.

¿Por qué se aplaza el proyecto? Según Campodónico, uno de los principales problemas es la inversión realizada por la consorciada, de alrededor de US$ 1.500 millones.

“Si no hubiera lío político o corrupción, lo que sucedería es que el proyecto se vuelva a licitar y se tendría que tomar en cuenta la inversión realizada en tubos. El gobierno no quiere volver a licitar un proyecto en el cual Odebrecht, Enagás y GyM van a recibir dinero”, explica.

Para Beatriz de la Vega, socia de energía de EY Perú, el SIT Gas “debe volverse a analizar” por las connotaciones económicas. Consideró “coherente” que el modelo del proyecto sea de cofinanciamiento, para que “el Estado asuma parte del riesgo financiero”.

Indicó además que se debe generar una demanda para el traslado y consumo. “Ningún inversionista va a invertir para no recuperar”, añade y menciona como uno de los clientes a Naturgy, empresa que tiene la concesión de distribución de gas natural en Arequipa, Moquegua y Tacna, aunque busca finalizar este contrato mediante diálogo con el Estado.

Precios caros

El costo de traslado del gas, desde Cusco, es mayor en las regiones que en Lima e Ica. Ambas movilizan el gas natural por ductos con la Transportadora de Gas del Perú (TGP).

En el norte y sur del país, el gas natural es trasladado por transporte virtual. “Es carísimo, porque es un camión especial que lleva el gas microcompactado y tiene que regasificarse en una planta”, explica Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy. Además, se debe considerar el proceso de licuefacción del gas.

Según la consultora Gas Energy Latin America, Cálidda y Contugas, concesionaria en Lima e Ica, pagan un precio city gate de US$ 4,39 y US$ 3,84 por millón de BTU (US$/MMBTU), respectivamente.

En cambio, Naturgy y Quavii −concesionaria en el noroeste peruano− pagan US$ 8,64 y US$ 8,58 por millón de BTU. La diferencia es que los dos últimos no utilizan TGP, sino transporte virtual.

“La energía es muy cara y los industriales vienen a Lima”, sostiene Navarro. Influye en la cantidad de consumo, dado que en Lima se sostiene por las industrias y la generación eléctrica que representan el 83%; el domiciliario es apenas el 2%.

Proyecto 7 regiones se vería afectado

Según Gustavo Navarro, el proyecto de masificación de gas natural en el centro y sur del país, conocido como 7 regiones, "también se basa en llevar el gas por camiones, y así no se puede gasificar". La situación cambia con el SIT Gas.

Sería más caro el traslado, indicó Beatriz de la Vega, aunque el proyecto está cerca de Bolivia, una alternativa para traer el gas.

Humberto Campodónico explicó que se debe considerar que la rentabilidad de la masificación de gas “es social y no económica”. De tomar en cuenta este último, “no vas a licitar” el proyecto.

Humberto Campodónico. Investigador de Desco

“El tema fundamental no es técnico, como dice el gobierno. Ya son 3 años desde que se rescindió el contrato. No quieren licitar un proyecto en el que Odebrecht, Enagás y GyM van a recibir plata”.