1.917 entidades públicas pagarán aportes que adeudan a las AFP

Tras conocerse que el Estado adeuda cerca de S/ 7 mil millones en aportes previsionales a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) afectando directamente a la jubilación de 570 mil afiliados, el Gobierno aprobó un decreto de urgencia (DU) para que las entidades públicas se acojan a la segunda etapa del régimen de reprogramación de deudas (REPRO-AFP).

“Con este DU que permite la exoneración de multas e intereses moratorios vamos a reducir en alrededor de 6 mil millones la deuda. Y estos van a ser reprogramados para un periodo de 10 años de pago”, informó el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, explicó que “estamos hablando de 1.917 entidades con una deuda nominal de S/ 142 millones. Considerando las multas e intereses, la deuda total es de S/ 6.975 millones. Pero luego que las entidades se acojan, se les va a eximir estos cargos y el monto se reducirá a S/ 915 millones”, dijo.

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Sin embargo, hay que indicar que, según cifras de la Asociación de AFP, el número potencial de entidades públicas que se acogerían al REPRO serían unas 2.100 que adeudarían S/ 713 millones afectando a 287 mil trabajadores estatales.

“Desde la Asociación hemos trabajado por años para que se les reconozca todas estas deudas a las personas afectadas, y hoy el Gobierno ha firmado el mismo compromiso”, indicó la presidenta de la AAFP, Giovanna Prialé.

Abril es la fecha límite

El Ejecutivo informó que las entidades podrán acogerse al régimen hasta el 10 de abril del 2020. Y una vez que se haya culminado este proceso, el Ministerio de Economía y Finanzas incluirá el monto de la deuda en el Presupuesto Público del 2021.

Al respecto, Prialé subrayó que el cronograma de pagos demandará un compromiso de cada entidad de hasta 10 años.

"El objetivo es que pague el 100% de esa deuda; por ello, la importancia de que año a año se incluyan estos montos en el Presupuesto Público", indicó.

Asimismo, señaló que el Estado debe considerar un sistema de detracción automática para evitar las retenciones de aportes a sus trabajadores.