Mineras seguirán aportando para fiscalización ambiental en Arequipa

Juan Carlos Soto

El Tribunal Constitucional (TC) no le dio la razón a Sociedad Minera Cerro Verde. La compañía que explota cobre en Arequipa planteó una demanda para suspender los Aportes por Regulación (AR) al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La minera además exige que le devuelvan sus contribuciones efectuadas desde el 2014, incluidos los intereses. Eso hubiese significado un desembolso de 700 millones.

Con el voto mayoritario de cuatro integrantes del máximo organismo constitucional, se declaró infundada esta demanda, que de haber favorecido a Cerro Verde, hubiese puesto en aprietos a la OEFA. La misión de este organismo es garantizar que las actividades de la gran minería no afecten el medioambiente. Su presupuesto se financia con los aportes de las empresas extractivas; según las normas, los aportes no superan el 1% de su facturación. Según un informe de Ojo Público, los AR representan el 70% de los ingresos de la OEFA.

Para Cerro Verde, los AR resultan ilegales. Argumentan que se trata de un tributo creado sin rango de ley. En su argumentación, el TC cita la ley 27332 y otras normas complementarias que dan legalidad a dicha contribución.

En su resolución, el TC encuentra algunos contrasentidos en la demandante. Por ejemplo, se argumenta la carencia de una legislación que autorice a la OEFA a cobrar estos montos por regulación, sin embargo, ella misma reconoce que son las leyes 29951 y 30011 que dan sustento al decreto 130-2013, que da luz verde a los cobros.

Cerro Verde no reconoce a OEFA como organismo regulador, inicialmente esas tareas las cumplía Osinerming. Según el Tribunal Constitucional, hay varias normas que sustentan la creación posterior de la OEFA como organismo regulador desde 2010.

Para el TC tampoco se trata de un aporte doble, tanto para Osinerming y OEFA, como sostiene la minera. Los representantes de OEFA sostienen que entre 2017 y 2019 recibieron la cuarta parte del 1% de la facturación que prevé la ley. Es decir, están en el rango permitido.

El Tribunal añade que el Perú tiene una la larga tradición minera, una actividad clave en la economía y desarrollo. Sin embargo, dice, debe plantearse un equilibrio justo entre el desarrollo económico y la protección de un ambiente sano y equilibrado; y para eso se necesita instrumentos de la regulación.

La compañía minera también cuestiona el porcentaje del aporte. Define el decreto como arbitrario, pues esa cantidad no guarda relación con los costos del servicio estatal que prestan.

Sobre ello, el TC sostiene que ninguna norma tributaria está en la obligación de sustentar los servicios estatales financiados con los tributos. Además el costo de la actividad a financiar incluso podría ser mayor, teniendo en cuenta las consecuencias del impacto medioambiental que podrían producirse debido al incumplimiento de las normas que regulan la materia ambiental.

Varios sectores sostuvieron que esta demanda apuntaba a debilitar la fiscalización ambiental con una OEFA vulnerable que justamente le impuso algunas multas a Cerro Verde por infracciones.

“Querían desactivar a la Oefa”

El congresista del Frente Amplio, Justiniano Apaza, indicó que la real intención de Cerro Verde detrás de la demanda era desaparecer al organismo encargado de la fiscalización ambiental. “A las mineras no les interesa el dinero, sino desactivar a Oefa”, aseveró el parlamentario. Incluso consideró que las multas ambientales deberían endurecerse. Apaza respaldó la decisión del Tribunal Constitucional. “Ha obrado con equidad y justicia”.