Empresarios que concierten precios en el mercado podrían ir a la cárcel

Carteles. El Ejecutivo se encuentra facultado para reincorporar los delitos de corrupción en el sector privado. Mientras tanto, el Congreso busca reducir las multas económicas a empresas que acuerden precios.,Como parte de las facultades delegadas en materia de integridad y lucha anticorrupción, el Ejecutivo tendrá potestad para "incorporar en el Código Penal los delitos de corrupción en el sector privado que atenten contra la libre y leal competencia empresarial", es decir, para sancionar con pena de cárcel las prácticas ilegales que actualmente se sancionan con multas administrativas. En el 2017, por ejemplo, Indecopi sancionó con S/ 52 millones a las empresas Kimberly Clark y Protisa, competidoras que ilegalmente acordaron subir el precio del papel higiénico en el Perú, beneficiándose económicamente y eliminando la competencia en el mercado. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los carteles pueden elevar los precios de un producto hasta en un 24%. PUEDES VER Indecopi confirma multa de S/ 1.8 millones a Green Bus Tendencia mundial Para Luis Diez Canseco, socio de Diez Canseco Abogados, son cuatro supuestos en los que podrían penalizarse las prácticas anticompetitivas: las fijaciones de precios, las licitaciones colusorias, la segmentación de mercado y el establecimiento de cuotas de producción. "Los casos de los carteles, sobre todo en los carteles de fijación de precios, son prácticas que no tienen ningún tipo de excusa. Esos son considerados prácticas prohibidas absolutamente. La tendencia en el mundo es en esa misma dirección", dijo Diez Canseco a La República. "No es un tema penal" Sin embargo, Tania Zúñiga, profesora de Derecho de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene que las sanciones deben permanecer en el ámbito administrativo. Además, consideró que el Ejecutivo debe precisar el problema que desea solucionar bajo el concepto de "corrupción en el sector privado". "Las conductas no necesariamente tienen que ser delitos, son infracciones. Esto se contextualiza en sede administrativa. Debe ser resuelto por una autoridad administrativa y no por un juez. (...) Es una infracción no un delito. La finalidad pública es distinta en el derecho penal que en el derecho administrativo sancionador, por ello que las garantías en el proceso son distintas", indicó. Penas de 4 a 8 años Carlos Caro, socio principal de Caro & Abogados, recuerda que el Perú sí contaba con una legislación penal en contra de la libre competencia. Sin embargo, esta fue derogada en el 2008, y sustituida por el actual Decreto Legislativo 1034, como parte de una adecuación al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. "Ese es el principal vacío que existe en protección de la libre competencia o acceso al mercado. La implementación del TLC es para igualar situaciones de protección, no para desigualarlas. Se deben restituir de una manera mejorada", dijo. Para Caro, las penas deben ser efectivas entre 4 y 8 años. "En casos muy graves, no debe superar los 10 años, a mi juicio", apuntó. Congreso reduciría multas a carteles - En su última sesión ordinaria, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen a fin de modificar los criterios para establecer las multas económicas a las empresas que incurran en concertaciones de precios o carteles. - Si la actual legislación considera que la multa debe estimarse sobre la base del monto de facturación del grupo económico al que pertenece la empresa infractora, la modificación pretende que solo se tenga en cuenta a la empresa que incurrió en la falta. Con este cambio, las multas económicas serían menores. - "Si lo que se quiere es desincentivar los carteles, la multa tiene que ser sobre toda la actividad económica y no segmentarla por sectores", dice Luis Diez Canseco. - Miguel Castro, congresista de Fuerza Popular, anunció que se harían cambios al dictamen.