¿Cómo impedir la construcción de viviendas en zonas de riesgo?
El derrumbe de una ladera en Pataz, La Libertad, despierta la discusión sobre un viejo problema: seguimos construyendo viviendas en lugares peligrosos bajo la mirada indulgente de las autoridades y sin conciencia de nuestra vulnerabilidad.
“Hay que racionalizar la ocupación urbana”
Lionel Fidel Smoll, Geología y Riesgo - Ingemmet
Hay que usar los mapas de peligro: estos son preparados por las instituciones competentes y deben ser aplicados en los planes de uso del territorio o desarrollo urbano de la ciudad y/o población. Los servicios estratégicos, por ejemplo, deben estar ubicados en zonas de peligro bajo, mientras que la expansión urbana, en zonas de peligro bajo a medio, pero con restricciones.
Además, hay que racionalizar la ocupación urbana: el crecimiento urbano se produce usualmente por invasiones dirigidas y en provecho de traficantes de tierras. El poblador construye sus viviendas en lugares peligrosos y de manera ineficiente. Las autoridades locales no deben permitir el nacimiento de urbanizaciones ni de invasiones sobre terrenos de peligro alto o muy alto, deben hacer respetar las ordenanzas regionales y municipales.
Por último, se debe hacer cumplir las leyes. La Ley de Recursos Hídricos (n.º 29338), por ejemplo, llama “faja marginal” a los terrenos aledaños a los cauces de ríos, quebradas y lagos, necesarios para el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, los caminos de vigilancia u otros servicios, prohibiendo la ocupación urbana de las mismas.
“No basta con prohibir la construcción”
Miguel Yamasaki, Dirección de Preparación INDECI
Este es un tema muy complejo que no solo involucra a la gestión del riesgo de desastres, pues tiene componentes sociales, económicos y culturales. Existe un escaso “conocimiento del riesgo” de la población y de muchas autoridades y por ello muchas familias se asientan en el lugar que encuentren disponible, en función a sus necesidades, prioridades o requerimientos, con la complacencia de los gobiernos municipales, sin evaluar lo que a futuro podría suceder.
No obstante, no basta con publicar una norma y prohibir la construcción en una determinada área, es una larga tarea que debe iniciarse con la identificación de las zonas vulnerables, el grado de exposición frente a un determinado peligro y a partir de allí, identificar los riesgos y reducirlos a través de medidas estructurales y no estructurales.
Existen normas que establecen el ordenamiento territorial y el reasentamiento poblacional, pero por más esfuerzo que hagan los gobiernos para hacerla cumplir, si no se involucra a la población de una manera más efectiva, cambiando el enfoque tradicional a un enfoque de gobernanza, todo esfuerzo será en vano.
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“La información de riesgo debe ser accesible”
Ricardo Bohl, docente de Geografía y Medio Ambiente PUCP
Lo ocurrido en el centro poblado de Retamas evidencia el costo de la ausencia de planificación y de ignorar los principios básicos de la teoría del desastre. Tanto regiones como provincias y distritos deben contar con instrumentos de planificación basados en información real que deben dirigir las actuaciones.
Sin embargo, muchas veces estos parten de información limitada o luego son olvidados frente a iniciativas que van apareciendo. A nivel distrital, los planes de desarrollo deben identificar las áreas urbanizables y las no urbanizables delimitadas en planos de zonificación. Las zonas no urbanizables son definidas en base a varios criterios, entre ellos la posibilidad de que ocurra un desastre. Estas deben ser respetadas, y para eso se necesita que la información esté disponible y accesible a pobladores, comerciantes, transportistas, visitantes, inversionistas, etc.
También se debe informar, por ejemplo, si el área tiene una alta vulnerabilidad frente a peligros naturales. Pero el plan no debe ser solo restrictivo, se debe alentar los procesos de asentamiento en las zonas urbanas y urbanizables que son seguras y permitirán el desarrollo sostenible de la comunidad.
