Mientras revisaba los libros de los historiadores María Rostworowski y José Antonio del Busto Duthurburu, Rafael Arce Mamani descubrió que sus antepasados fueron descendientes del inca Túpac Yupanqui.
Su linaje procede de la comunidad de Llanllahua Phacchapata, en la provincia puneña de Melgar, de donde es su familia. Según Arce, en este lugar Túpac Yupanqui dejó a su hijo T’ila para que erija una ciudadela. Cuando supo aquello, quiso recuperar de alguna forma la cultura de su familia y sintió que lo iba a hacer aprendiendo la lengua quechua.
Él, abogado y asistente judicial en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, comenzó a estudiar y logró dominar el runa simi al cabo de dos años. Aprendió en cursos que la Corte dictó, en la Universidad Nacional de San Agustín, en la Academia Regional de Quechua y también con su familia.
Dar este paso lo llevó a convertirse en 2016, en traductor intérprete oficial con especialización en justicia, nombrado por el Ministerio de Cultura. El título le fue otorgado luego de un concurso y una capacitación de un mes en Sicuani, Cusco, junto a otros 30 seleccionados que dominaban otras lenguas originarias.
Para Rafael, aquello fue como asumir la misión de ser un puente entre dos sociedades divididas por el idioma y facilitar que los quechuahablantes puedan encontrar la justicia que buscan.
Desde 2016, además de su trabajo cotidiano en la Corte, comenzó con su labor de intérprete. El primer caso que vio fue el de una anciana, cuyo hijo quería despojarla de su casa. Ella llegó a Arequipa y durante tres días estuvo buscando el local de la Corte, pero como no la entendían, no sabía que estaba justo en frente de la sede judicial. Pidió ayuda hasta que una joven la llevó a la entidad para ver si alguien la entendía.
“A nivel nacional, en la Corte, fue un caso muy importante porque era la primera vez que se trabajaba con un traductor intérprete y se hizo todo el proceso desde cero”, dice Rafael. Cuando se ordenaron las diligencias con el Ministerio Público, el traductor preguntó a la fiscal cómo atendían estos procesos en esa entidad. Ella respondió que pedían ayuda del trabajador de limpieza que hablaba quechua, pero cuando él no estaba, lamentablemente no podían hacer nada. Para él fue duro escuchar esto, que un quechuahablante no pueda ser atendido correctamente por la barrera del idioma.
Ad honorem
A partir de allí, a Rafael lo convocaron para cada caso, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial en Arequipa. No es una labor por la cual sea remunerado, pero lo hace porque quiere contribuir a la sociedad. Sin embargo, su labor conlleva sacrificios como dejar su trabajo habitual para ir a interpretar y luego retomar lo pendiente, o escuchar relatos tan dramáticos como el de niñas y mujeres violadas. La mayoría de casos que ha tratado son procesos por violación sexual y violencia familiar. “Para mí, es algo trágico, me duele el corazón, pero lo tengo que hacer”, afirma.
Uno de los casos más duros que vio fue el de una menor de 12 años, procedente del distrito de Puyca, localizado en la lejana provincia de La Unión.
El agresor era su padre, quien había abusado de ella desde los 6 años. Lo peor fue cuando el sujeto introdujo una pila en las partes íntimas de la pequeña. Ella fue trasladada al hospital Honorio Delgado donde lograron extraerle la batería. Sin embargo, la menor se negaba a relatar lo sucedido.
La intervención de Rafael fue determinante, logró que cuente el horror que vivió con el fin de denunciar al responsable. Él dice que para ello aplicó los conceptos de interculturalidad.
Así Rafael ha intervenido en numerosos casos, lo que le valió, en 2019, ser nombrado Embajador de la Integridad por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Durante este periodo de emergencia, apenas se reactivaron las labores, Rafael siguió con su labor. Los procesos se pueden seguir a través de las plataformas digitales que la corte implementó. Antes de unirse a un juicio, con anterioridad, Rafael estudia el expediente y armar una ficha base de términos.
El intérprete dice que su misión ahora es garantizar que las comunidades quechuahablantes tengan correcto acceso a la justicia, porque también son peruanos. Es su misión autoimpuesta.