El abismo del 5 de abril
Tanques en las calles, detención de opositores, toma de las instituciones públicas, condena internacional, pero sobre todo una decisión fuera del marco constitucional marcan un océano de distancia entre el 5 de abril de 1992 y el 30 de setiembre del 2019. La historia no se ha repetido.
Disolver debe ser el verbo más representativo de nuestra historia reciente. Durante casi tres décadas tuvo el poder de transmitirnos a una escena que supuso un quiebre democrático, y con ello al inicio de años calamitosos.
El último lunes esta palabra volvió a resonar como un yunque. Esta vez en la boca del presidente de la República, Martín Vizcarra. Hay quienes, en aras de confundir a la población, se han dado la licencia de montar ambos videos como si se tratara del mismo hecho. Y no, la única diferencia no es la determinación de Alberto Fujimori, apoyándose en su mano derecha, frente a la lectura desangelada de Vizcarra. El contexto, las formas, las motivaciones y los efectos inmediatos trazan un abismo. Un abismo que pasaremos a explicar punto por punto bajo la perspectiva de historiadores, constitucionalistas e internacionalistas. Un ejercicio clave en estos tiempos donde algunos caraduras firman pronunciamientos, haciéndose pasar por constitucionalistas de primer nivel.
Si alguna semejanza existe entre ambos procesos es la respuesta de las calles. El respaldo popular de la mayor parte de la población. Una población harta de un Congreso desprestigiado.
Ahora bien, el descontento proviene de distintas causales. No era porque el Congreso de aquel entonces estuviera tan manchado de corrupción como el de ahora sino porque la clase política se había divorciado de la sociedad. Como anota el historiador e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) Rolando Rojas: La izquierda, el APRA y el PPC habían caído en declive por inoperantes. Destituirlos agudizó la situación de los partidos políticos tradicionales, les restó influencia y hasta podría decirse que les dio una estocada.
Carlos Carranza, profesor principal del Departamento de Economía de la PUCP, lo atribuye más a una especie de cultura presidencialista a la que se le hace más sencillo identificarse con una persona que con un cuerpo colectivo. Bastante complicado reconocerse en una mayoría obstruccionista, relacionada con organizaciones criminales, que es capaz de trancar el Congreso para evitar el ingreso del primer ministro.
¿GOLPE DE ESTADO?
La Constitución de 1979 que regía en 1992 decretaba que el presidente de la República tenía la facultad de disolver el Congreso (la Cámara de Diputados en aquella época) si este censuraba o le negaba la confianza a tres gabinetes o consejos de ministros. Nada de ello sucedió. Alberto Fujimori atinó, más bien, a denunciar malas prácticas del Poder Legislativo. Justificó un contexto adverso para dar un golpe de Estado o autogolpe como ha quedado patentado.
El constitucionalista César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional entre el 2006 y el 2008, sostiene que “Fujimori hizo a un lado la Constitución, estableciendo un gobierno de facto”. Recordemos que Fujimori emitió el Decreto Ley N°25418 con el que consumó sus planes sin ceñirse a la Carta Magna del ’79.
“El presidente Vizcarra aplicó la Constitución. No hay nada de inconstitucional allí. Además no se han respetado una serie de principios a la hora de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, un órgano autónomo e independiente por definición”, agrega.
El último lunes, mientras el presidente Martín Vizcarra anunciaba la disolución del Congreso, el Pleno pugnaba por darle la cuestión de confianza a las correrías. Era tarde: el mandatario amparó su discurso en “el rechazo tácito”, un término que ha abierto el debate pues muchos constitucionalistas lo han catalogado como inexistente o por lo menos como una zona gris. A partir de la Constitución de 1993, la disolución puede llevarse a cabo con la censura a dos gabinetes.
El historiador Carlos Contreras disiente: para él, tanto el 5 de abril como el 30 de setiembre son fechas donde se ha violado la Constitución.
“La clausura de Fujimori fue más flagrante, pero esto no quiere decir que lo de Vizcarra haya sido constitucional. Que considere que le han negado tácitamente la confianza me parece una interpretación abusiva del artículo. Algo tan delicado debió traducirse en una votación expresa y clara”, dice.
Por su parte, el constitucionalista Luciano López Flores opina que el hecho de que la Constitución tenga tanto margen para la interpretación solo indica que no opera bien.
“Toca pensar en cómo estabilizarnos lo más pronto posible. Cómo reformar para que no vuelva a suceder, y cómo construir. No creo que sea el tiempo de ser forenses de lo sucedido”, se ha manifestado en sus redes sociales.
OPERACIÓN MILITAR
Rolando Rojas sintió la represión en carne propia en abril de 1992, cuando una base militar se instaló en San Marcos, en la universidad donde aún se encontraba estudiando el pregrado. No podían reunirse libremente, y menos hacer política de una forma activa. San Marcos no fue de ningún modo la única institución intervenida.
De pronto, varias tropas cercaron el acceso e irrumpieron en las oficinas de diarios, radios y canales de televisión con el fin de silenciar cualquier discrepancia. Este encono lo padecieron no pocos periodistas opositores, entre ellos Gustavo Gorriti, quien permaneció encerrado durante tres días.
De igual forma, las Fuerzas Armadas tomaron el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público e incluso varios partidos políticos, como el Partido Aprista Peruano cuya sede principal amaneció con un tanque enfrente, amenazante. El Perú vivía un clima de guerra, incluso con la simpatía que todavía despertaba Fujimori.
“Hubo una operación militar. El Poder Judicial fue invadido por miembros del Ejército que se llevaron documentación valiosa en camiones. Se instauró un clima de amedrentamiento. Aquí no. Si bien las Fuerzas Armadas respaldaron al presidente Vizcarra desde un inicio, no sacaron su artillería a las calles ni hicieron una cacería contra algún enemigo político. No ha habido un Vladimiro Montesinos desde las sombras”, sostiene el historiador Rolando Rojas.
NUEVAS ELECCIONES
El martes primero de octubre, luego de que una multitud se apostara frente al Congreso, en plena avenida Abancay para reclamar airadamente por el brevísimo mandato de Mercedes Aráoz, el Congreso siguió en funciones. Se respetó a la Comisión Permanente, compuesta por 23 integrantes, quienes continúan sesionando.
Todo esto con miras a las elecciones parlamentarias previstas para el 26 de enero de 2020, anunciadas por el presidente Vizcarra. Una oportunidad única para la ciudadanía. Y la constatación de que el exgobernador regional de Moquegua se encuentra del otro lado de la historia: no pretende reelegirse ni instaurar una dictadura como lo terminó haciendo Fujimori.
Aun así, el historiador Carlos Contreras prefiere estar vigilante. “No podemos predecir qué ocurrirá más adelante. No podemos poner las manos al fuego por nadie. Es temprano todavía”.
No está de más incidir en la posición de la OEA ante lo ocurrido el 30 de septiembre: un respaldo implícito y una invitación al diálogo a diferencia de la condena internacional que recibió el 5 de abril, un auténtico hoyo en nuestra vida republicana.
