Momento clave para Trump: Corte Suprema fija fecha para resolver futuro de la ciudadanía por nacimiento en EEUU

El próximo 15 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos a favor y en contra de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en enero de 2025, que busca eliminar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes nacidos en suelo estadounidense. La medida, suspendida de manera temporal por tribunales federales, ha generado un amplio debate constitucional, social y político en todo el país.

La decisión que emita la Corte podría cambiar no solo el destino de miles de personas, sino también sentar un precedente histórico sobre el alcance del Poder Ejecutivo en materia de derechos civiles. Se espera que el fallo definitivo llegue entre finales de junio y principios de julio.

¿Cuál es el fundamento legal que sostiene la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos?

La ciudadanía por nacimiento está protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, adoptada en 1868, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos” son ciudadanos. Esta interpretación fue ratificada en 1898 por la Corte Suprema en el caso United States v. Wong Kim Ark, donde se reconoció ese derecho incluso a los hijos de padres extranjeros no ciudadanos.

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Desde entonces, el principio ha sido considerado un pilar del derecho constitucional estadounidense y un elemento central del llamado jus soli (derecho de suelo), que garantiza la ciudadanía a quienes nacen dentro del territorio nacional, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

¿Cuál es el argumento principal contra la orden de Trump que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.?

Los detractores de la orden ejecutiva argumentan que la medida contradice directamente la letra y el espíritu de la Decimocuarta Enmienda, al intentar reinterpretar de manera unilateral quién está “sujeto a la jurisdicción” de Estados Unidos. Sostienen que todos los nacidos en suelo estadounidense, excepto casos diplomáticos específicos, están bajo esa jurisdicción.

Además, señalan que permitir al Ejecutivo modificar por decreto un derecho constitucional equivaldría a otorgarle un poder excesivo al presidente, debilitando los contrapesos institucionales. Diversos estados, organizaciones civiles y tribunales han planteado que validar esta orden pondría en riesgo principios fundamentales del sistema democrático y legal estadounidense.