Arequipa: De lentejas a disturbios

Por qué Pepe Julio Gutiérrez sigue preso. Preliminarmente, fiscal determinó que dirigente es responsable de bloquear vías, de azuzar a los pobladores para que dañen la propiedad pública y privada y armar a los espartambos en conflicto Tía María.

20 Ago 2017 | 9:39 h

Pepe Julio Gutiérrez, uno de los dirigentes que orquestó las protestas en contra del proyecto Tía María, está preso en el penal de Socabaya desde mayo de 2015. Cumple prisión preventiva mientras se determina si extorsionó a la minera Southern. Según un audio comprometedor, Gutiérrez negociaba la suspensión de manifestaciones antimineras a cambio de un pago millonario; algo que eufemísticamente se denominó “lentejas”.

El Ministerio Público tuvo 24 meses para investigarlo, sin embargo, la Fiscalía de Crimen Organizado ha solicitado extender hasta febrero de 2018 la prisión preventiva. La razón, investigar al exdirigente no solo por extorsión, también disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos. El Poder Judicial aceptó la solicitud.

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Las indagaciones preliminares de la fiscal Alejandra Cárdenas podrían hundir aún más a Gutiérrez  y al resto de investigados que participaron en los actos de protestas para impedir la instalación del proyecto minero y cuyo saldo se pagó con muertes y millonarias pérdidas económicas.

TESTIGOS PROTEGIDOS

Las investigaciones realizadas apuntan a Pepe Julio como el instigador de reuniones para organizar el bloqueo de vías como Puente Pampa Blanca, carretera Panamericana Sur (CPS) a la altura Mejía, cruce de Santa María, entrada a Mollendo, acceso a Punta de Bombón, CPS por Alto Inclán, entre varias otras.

Todos estos actos se cometieron entre el 23 de marzo al 15 de mayo del 2015. El bloqueo de servicios básicos como el transporte está penado con cárcel.

Por otro lado, a Gutiérrez, en su condición de dirigente, se le sindica haber organizado y conformado los grupos de personas que causaron daños a campos de quinua, destruyeron el canal de agua para Mollendo, bocatoma de agua de Santa Ana de Quitir, la estación de Bomberos de Cocachacra y seis viviendas.

¿Cómo la Fiscalía llegó a esa conclusión?

En la investigación se entrevistó a más de una decena de testigos protegidos, varios de los cuales incluso reconocen haber participado de los desmanes durante los días de paralización.

Pero al menos cuatro de estos dan detalles antes no conocidos sobre el papel que habría desempeñado Gutiérrez Zevallos. El testigo número 4 da detalles sobre las reuniones efectuadas en la plaza San Francisco, distrito de Cocachacra, que incluían a Pepe Julio. Ahí se acordaba qué  vías se bloquearían.

Un segundo testigo señala cómo el dirigente, hoy preso, salía por las calles a azuzar a las personas con frases como “prendan fuego a las oficinas de Southern...”.

Incluso otro explica cómo se elaboraban las armas de los espartambos, la fuerza de choque de los huelguistas que se enfrentaban fieramente a la policía. Su signo identificatorio: rostros protegidos y escudos de madera. Los testigos sindican a Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Juan José Colquehuanca Chaiña de financiar y recolectar dinero para armar a estos jóvenes.

Pero existe una declaración. Se trata de una persona que al parecer laboraba en la misma empresa Southern a quien al parecer Gutiérrez entregaba un promedio de  S/ 700 a S/ 1000 para que dé información de la mina. El exdirigente llegaba a su casa y se reunían en secreto para compartir esa información.

OTROS IMPLICADOS

Pero estos testigos no solo dieron detalles, indicios y posibles pruebas contra Pepe Julio Gutiérrez. También apuntaron a otras personas como el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo Reynoso, el exalcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, y algunas autoridades y exautoridades.

Dieron detalles de los financistas de la huelga, quienes no solo proveían recursos económicos y alimentos, sino bombas molotov, escudos, dinamitas, ondas y bombardas para los espartambos.

En la investigación, plasmada en decenas de páginas, se sindica a los responsables de los cobros de cupos en las carreteras y cómo administradores de las empresas de la zona se veían obligados a entregar alimentos para las turbas luego de ser amenazados.

Incluso se identifican a espartambos, a las mujeres y varones que lideraron la destrucción de viviendas y sembríos. También se detalla cómo se perifoneaban falsas noticias como que los policías habían matado a un niño de cuatro meses.

 La lista de investigados es liderada por Pepe Julio Gutiérrez, Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo. Además les sigue Juan Miguel Meza Igme, Justo Paredes Torres, Hilario Cornejo Reynoso, Nicomedes Pareja Prado, Luis Justo Laredo, César Juárez Bernedo, Juan Colquehuanca Chaiña y Víctor Zeballos Ortiz.

A los alcaldes Richard Ale Cruz y José Ramos Carrera se les sindica de haber utilizado recursos propios y de sus alcaldías para solventar protestas.

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