Patricia Benavides: PJ evaluó requerimiento de impedimento de salida del país en su contra

El juez supremo Juan Carlos Checkley levantó la audiencia e informó que la correspondiente resolución sobre la decisión ante el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país contra Patricia Benavides se conocerá en los próximos días.

La suspendida fiscal de Nación, Patricia Benavides, acusó un sesgo ideológico en el trabajo de la investigación de los fiscales que la investigan: “No me corro del sistema de justicia, pero me defiendo con la Constitución y la ley. Respeto todas las investigaciones, pero no me pueden negar que pida el respeto al debido proceso”.

Marcial Eloy Paucar, en representación del Ministrio Público, defendió —tras los cuestionamientos realizados por el abogado Christian Salas— la importancia de los testimonios de los testigos y aspirantes a colaboradores eficaces: “La Fiscalía no está presentando testigos indirectos, el Sr. Jaime Villanueva es un testigo directo”.

El abogado de Patricia Benavides, Christian Salas Beteta, cuestionó la veracidad y la legalidad de las declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, especialmente lo expuesto por Jaime Villanueva Barreto, ex hombre de confianza de Patricia Benavides.

La Procuraduría suscribió el pedido de 36 meses de impedimento de salida del país —realizado por la Fiscalía— contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides: “Es una medida necesaria debido a la gravedad de los sucesos narrados”.

El Ministerio Público justificó la falta de arraigo de Patricia Benavides al señalar sus constantes viajes al extranjero: “Se observa la facilidad que tiene para salir del país”, dijo el fiscal Marcial Eloy Paucar. Agregó que, que su esposo y su suegra sean chilenos, contribuye a incrementar el peligro de fuga.

En cuanto al arraigo laboral, comentó que su suspensión temporal como fiscal suprema justifica que se le imponga 36 meses de impedimento de salida del país. Su separación del cargo dura hasta junio.

Marcial Eloy Paucar, en representación del Ministrio Público, expone los elementos de convicción ante el juez Juan Carlos Checkley para generar el marco en el cual se está investigado a Patricia Benavides, por presuntamente haber canjeado votos en el Congreso de la República a cambio de beneficiarlos con el archivamiento de investigaciones y presentaciones de denuncias constitucionales. El objetivo era asegura la inhabilitación por 10 años de Zoraida Ávalos.

El exprocurador y actual abogado de Patricia Benavides, Christian Salas Beteta, se encuentra conectado a la audiencia junto a su clienta. Sustenta ahora el fiscal Marcial Eloy Paucar el pedido de requerimiento de impedimento de salida del país.

La audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país para la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas inició. Esta se encuentra a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

La audiencia está programada para iniciar a las 11 de la mañana. La sesión se desarrollará en breve en el Juzgado de Investigación Preparatoria, donde se evaluará el requerimiento del Ministerio Público de impedimento de salida del país por 36 meses contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo con su abogado Juan Peña, ella no se allanaría a pedido realizado por el Ministerio Público, por lo que dicha solicitud entraría en evaluación: “Si me preguntan si como estrategia legal aceptaría el pedido, diría que no es algo que tendremos que evaluar. Como abogado defensor creo que no porque hemos asistido a todas las citaciones que nos han programado, hemos ido a todas las audiencias y a las diligencias”, declaró a RPP.

En algunos casos, la defensa de un acusado —por estrategia legal— prefiere allanarse o no debatir el requerimiento de medidas de coerción que pueden soportarse, este es el caso del impedimento de salida del país. De hacerlo, ya no merecería un debate, lo que podría ser considerado como algo positivo en el comportamiento del investigado ante un eventual pedido de prisión preventiva.

El 23 de abril, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) llevó a cabo una serie de operativos como parte de las investigaciones en curso contra la fiscal suspendida Patricia Benavides. Durante el operativo, se arrestó a siete individuos y se procedió al allanamiento de 21 propiedades. Según la orden judicial, Benavides habría accedido a recibir un soborno de 1 millón de soles para favorecer a una empresa en un concurso de licitación destinado a la implementación de un Data Center para el Ministerio Público.

Jaime Villanueva, quien está en proceso de convertirse en colaborador eficaz, reveló detalles sobre este supuesto trato corrupto. De acuerdo con su testimonio, Giancarlo Valer se puso en contacto con la entonces fiscal de la Nación para ofrecerle un millón de soles con el objetivo de influir en el resultado de una licitación a favor de una empresa específica.

De acuerdo con lo manifestado por un testigo protegido, a mediados del año 2023, Francisco Morales Saravia, quien preside el Tribunal Constitucional, habría intervenido en favor de la fiscal suspendida Patricia Benavides. El propósito era evitar que Benavides enfrentara sanciones por parte de la Junta Nacional de Justicia. Esta situación se habría dado tras la decisión de Benavides de excluir a la fiscal suprema Bersabeth Revilla del caso que investigaba a su hermana Enma Benavides.

El Poder Judicial rechazó la solicitud de tutela de derechos presentada por la fiscal suspendida Patricia Benavides el pasado 6 de febrero, en relación a la investigación en su contra por presuntos delitos de organización criminal y otros contra el Estado peruano. Como resultado, se le ordena entregar su teléfono móvil al Ministerio Público.

El Ministerio Público, a inicios de año, como parte de las investigaciones que iniciaron contra Benavides, le solicitó a través de un documento la entrega voluntaria de sus equipos celulares; no obstante, se negó indicando que lo haría hasta que las autoridades le aclaren que era la que buscaban exactamente.

Durante la noche del domingo 28, la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró en los programas ‘Punto final’ y ‘Panorama’ que Jaime Villanueva está mintiendo y, más bien, afirmó que se siente indignada porque pretende vincularla a soborno.

“Los dichos de Villanueva o de cualquier otro colaborador son ciertos cuando se tratan de Patricia Benavides, pero lo que dice el colaborador para otras personas eso no, eso hay que verlo, te das cuenta cómo es el complot contra Patricia Benavides”, dijo.

Un testigo protegido, cercano al abogado Óscar Nieves, reveló que este fue intermediario entre la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la presidenta Dina Boluarte, para que la ayude en su declaración por las muertes en las protestas, y así habría tenido las preguntas que le haría la entonces titular del Ministerio Público.

“Emerson Campos Maldonado me contó que en una oportunidad, mientras se encontraban preparando a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que pueda brindar su declaración indagatoria ante la Fiscalía de la Nación, se pudo percatar que ya se tenían las preguntas que iban a ser objeto de interrogatorio por parte de la Fiscalía de la Nación y que ya se estaban consignando las respuestas para que todo sea más sencillo el día de la diligencia de declaración indagatoria ante la Fiscalía de la Nación”, relató el testigo protegido en la declaración a la accedió ‘Cuarto poder’.

Este último marte 23 de abril, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder en conjunto con integrantes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) llevaron a cabo el operativo denominado Valkiria XI. Esto fue como respuesta a las pesquisas que realiza la magistrada Marita Barreto, las cuales sindican que Benavides Vargas lideraría una red criminal en las más altas esferas del Ministerio Público.

La Junta Nacional de Justicia deberá tomar una decisión final respecto a la situación que atraviesa Patricia Benavides, debido a que los magistrados de dicho órgano constitucional deberán emitir el informe en el que se determinará las posibles responsabilidades que habría cometido la suspendida fiscal de la Nación.