Pagos a excongresistas fueron acordados por la gestión de Pedro Olaechea tras la disolución
En su última sesión, la anterior Mesa Directiva precisó que la entrega de bonificación a exlegisladores era aplicada a los que fueron disueltos por Martín Vizcarra.
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El último viernes 12, el excongresista Richard Arce Cáceres informó que el Parlamento le depositó 5.200 soles a fines de mayo, a pesar de que él ya no forma parte de la representación nacional desde el 30 de setiembre del 2019, día en el que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Legislativo.
Ante ello, este sábado, el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, señaló que la actual Mesa Directiva no ha dispuesto que se entregue dinero a los mencionados exlegisladores.
En efecto, según los registros de los acuerdos de la Mesa Directiva, durante la gestión de Pedro Olaechea se dispuso que los disueltos excongresistas sean beneficiados con el pago de sus gratificaciones.
De acuerdo a los documentos citados, el 21 de febrero de este año, menos de un mes antes de dejar el cargo para dar pase a la instalación de la nueva representación nacional, que ahora dirige Manuel Merino, Olaechea-Calderón, junto a sus vicepresidentes Karina Beteta, Salvador Heresi y Marvin Palma, concertaron que los legisladores que sean interrumpidos de sus funciones “por cualquiera de las causales establecidas en el Reglamento del Congreso antes de la oportunidad del pago de sus gratificaciones", recibirán el pago de este derecho laboral de forma proporcional a los meses que laboró.
La cifra, de acuerdo al texto, es equivalente a un sexto de su remuneración por cada mes laborado en el semestre correspondiente.
Acto seguido, Pedro Olaechea y compañía indicaron que la Dirección General de Administración sea la instancia que cumpla con el acuerdo, sin embargo, ese departamento de trabajo parlamentario pidió que se precise el alcance de la medida.
Asimismo, las exautoridades parlamentarias recibieron un informe de la Oficina Legal y Constitucional de ese Poder del Estado, que señalaba que ese acuerdo solo podría aplicarse a quienes, tras la disolución, se quedaron en la Comisión Permanente y la Mesa Directiva.
Por ello, la anterior directiva del disuelto Parlamento precisó, el 12 de marzo, en su último día de funcionamiento y cuando el país ya cumplía con la emergencia sanitaria por el coronavirus, que el pago de gratificaciones antes mencionado debía ser aplicable a todos los que fueron elegidos como congresistas en las elecciones generales del 2016.
Último acuerdo de la Mesa Directiva que dirigió Pedro Olaechea.
Ahora bien, si el sueldo de los congresistas es 15.600 soles, el monto que debieron recibir los disueltos es 5.200 soles, dos sextos de su salario por su trabajo legislativo de agosto y setiembre del 2019, cifra que coincidiría con lo detallado por Arce Cáceres.
Sin embargo, en diálogo con este medio, el exparlamentario de Nuevo Perú señaló que, si se ajusta a lo aprobado por la Mesa Directiva, serían tres meses los que hubo función parlamentaria en el segundo semestre del 2019: julio, agosto y setiembre, por lo que la cifra a abonar no sería 5.200 soles, sino 7.800 soles, monto que sería aún más escandaloso debido a que millones de peruanos no tienen dinero para sobrevivir por la cuarenta.
En otro momento, Arce mencionó que, cuando fue a recoger su liquidación por función congresal, el funcionario encargado le dijo de forma enfática que ese era todo el dinero que se le tenía que pagar. Además, resaltó que la ex Mesa Directiva aprobó este acuerdo y no lo informó, sino que evidenció una falta de transparencia, por lo que cuestionó qué otros acuerdos habrá concertado la anterior gestión del Congreso.
Finalmente, el exparlamentario indicó que, a pesar de que este no es un acuerdo de la actual Mesa Directiva, quienes ahora dirigen el Parlamento tienen responsabilidad, ya que, al asumir el cargo debieron revisar qué les dejó la gestión anterior, “por más acuerdo que haya. Además, un acuerdo se enmienda con otro acuerdo”.
“Richard Arce no debió haber sido quien saca la publicación en Twitter. Debió ser Manuel Merino, para mencionar que el anterior Congreso aprobó el pago y decir si fue irregular o legal y se tiene que pagar. ¿O se le está pasando bajo la mesa un montón de papeles y documentos?”, agregó.
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