Levantando la alfombra

Dramática ineficiencia de la política criminal respecto a los delitos sexuales.

9 Feb 2018 | 6:00 h

El execrable asesinato de una niña en San Juan de Lurigancho (Lima) ha disparado una cadena de informaciones que dan cuenta de una falta de protección de los derechos de los niños y adolescentes, una clamorosa ineficiencia de las instituciones para procesar las denuncias, y la escasez de recursos en la lucha contra la violencia que se centra entre los niños y adolescentes.

Se ha sabido que son más de 600 las personas buscadas por el delito de violación sexual, todas ellas incluidas en el Programa de Recompensas de Ministerio del Interior (Mininter), una iniciativa de la que no puede decirse que no ha rendido frutos, pero que a pesar de ello deja una cantidad intolerable de casos en la impunidad. En relación a estas personas perseguidas por la justicia, los ciudadanos pueden colaborar en su ubicación, pero debe quedar establecido que la primera obligación es de la Policía y sus aparatos de inteligencia.

Lo datos de la intensidad de la comisión del delito de violación de menores de edad son dramáticamente impresionantes. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), son más de 8 mil los internos por violación de niños en las cárceles del país, es decir, el 10% de la población penal.

Asimismo, entre los más de 83 mil internos en cárceles peruanas, casi 15 mil lo son por los cuatro tipos penales de violencia sexual: violación sexual a menores de edad, violación sexual tipo básico, actos contra el pudor y actos contra el pudor contra menores de edad; es decir, el 18% del total. Luego, según la fiscalía, desde el año 2000 ha investigado 256 mil denuncias por violación sexual mientras que la tasa de denuncia aumenta 10% cada año. Al año pasado se han recibido 22 mil denuncias en el Ministerio Público.

Pero el déficit de nuestra política criminal respecto a este peligroso delito es igualmente dramático. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha revelado la falta de personal y de infraestructura para atender los casos de violencia sexual, agregando que a nivel nacional la fiscalía realiza más de 70 mil evaluaciones psicológicas por año, para lo que cuenta solo con 424 especialistas y pocas cámaras Gesell, que son los ambientes donde se evita una mayor victimización de los denunciantes.

Esta situación amerita un proceso serio de adopción de medidas en todos los órdenes, especialmente de prevención y de eficacia policial y judicial. Estas políticas deberían ser adecuadamente implementadas en el marco de la integración de la política criminal, esfuerzos que fueron rápidamente dejados de lado hace 5 años luego de la creación del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) mediante la Ley Nº 29807.

Cuando se tiene un sistema que no puede registrar a las personas desaparecidas a pesar de una ley que lo obliga, y si la Policía tiene que cambiar a los 150 agentes de una comisaría que tuvo un deficiente desempeño en el caso de la niña asesinada en un distrito de Lima, es que en este aspecto se ha tocado fondo y solo queda reformar drásticamente un sistema que no ha funcionado.

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