Simulación de reforma

Operación quirúrgica para prolongar la falta de democracia y transparencia en los partidos políticos.

5 Oct 2017 | 6:00 h

La Comisión de Constitución aprueba desde hace semanas dictámenes que descuartizan el proyecto de Código Electoral preparado el año pasado por el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre. Estas decisiones implican una operación quirúrgica cuyo propósito es esquivar una reforma electoral integral y renovadora del sistema político, e intentan simular frente a la sociedad cambios profundos.

Una de estas decisiones aprobadas por el fujimorismo y sus aliados del Apra es el portazo a la democracia interna. El dictamen aprobado evita la participación obligatoria de los organismos electorales en los procesos de elección interna de los candidatos, prolongando el secuestro de la democracia interna en manos de las cúpulas nacionales de los partidos, contra el ejercicio de los derechos de los afiliados a los partidos. El dictamen señala que la asistencia técnica de los organismos electorales en las elecciones internas solo se realizará si así lo requiere la organización política. Así, no será posible que la ONPE se encuentre a cargo de la organización de las consultas internas. Estas se llevarán a cabo con las modalidades conocidas de secretismo, como en Fuerza Popular, o en procesos cuestionados que dividen a los partidos, como ha sucedido en los últimos años con Somos Perú, PPC y Apra.

Otra decisión se refiere al financiamiento partidario. Si bien es positiva la prohibición de aportes de personas condenadas u objeto de prisión preventiva por narcotráfico, corrupción, terrorismo, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal o lavado de activos, y que se disponga que los aportes mayores a una UIT se bancaricen, no se propone prohibir los aportes anónimos, de modo que los partidos pueden seguir consignando aportes “hormiga”, de pocos montos y que no están en la obligación de investigar.

Precisamente, en circunstancias en que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es investigada por la fiscalía por el financiamiento ilegal de sus campañas electorales a través de sospechosos cocteles y polladas y otros actos proselitistas, cuyo tope se ha establecido en la alta cifra de 25 UIT. El dictamen omite la obligación de los partidos de identificar a cada uno de los aportantes en estas actividades que, como se sabe, forman parte del financiamiento ilegal “hormiga”. No se trata de poco dinero, sino de más de un tercio de los recursos sobre los que dan cuenta a la ONPE los partidos más importantes. En este rubro, el de las actividades proselitistas, la Comisión de Constitución ha desoído la propuesta de la Comisión de Integridad Presidencial que recomendó un tope de 10% del total de recaudación partidaria.

No nos engañan. De hecho, nos encontramos ante una contrarreforma que es mal disimulada con medidas efectistas que, al ser analizadas, remachan los vicios que impiden la democracia interna y dejan la puerta abierta para actos ilegales por los cuales están investigados dos ex presidentes, uno de ellos en prisión, y una ex candidata presidencial.

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