Jueza de Andorra, una valiosa aliada

Operación Odebrecht. Canólic Mingorance llegó al Perú y se reunió con fiscales nacionales que investigan sobornos de Odebrecht en el país. Magistrada indaga en Andorra el sistema utilizado por la constructora para blanquear el dinero sucio.

5 Oct 2017 | 6:16 h

La cooperación judicial avanza en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado. La fiscalía peruana ha vuelto a recibir ayuda del exterior y de forma redoblada, para lograr sus objetivos. Los políticos –los políticos corruptos para ser precisos– hoy tienen miedo y cada día es más evidente su temor. La fiscalía se fortalece.

Como se recordará, el año 2001, la administración de justicia recibió la ayuda de la fiscal suiza Cornelia Cova. Su colaboración fue clave para desentrañar y embargar las millonarias cuentas de la red de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

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Desde Andorra

Ahora, la ayuda vino, primero, del equipo del ex procurador general de Brasil Rodrigo Janot y el juez Sergio Moro. Esta semana, el equipo especial del caso Lava Jato en el Perú sumó un nuevo aliado: la jueza de instrucción de delitos económicos del Principado de Andorra, Canólic Mingorance Cairat.

Mingorance investiga desde el 2015 las actividades de blanqueo de dinero que realizaron los directivos de l Banco Privado D’Andorra (BPA) y, dentro de esto, el esquema financiero que la constructora Odebrecht había creado en ese país para pagos de sobornos en Latinoamérica.

La investigación de la jueza Mingorance está dirigida contra Marcelo Odebrecht y 13 directivos del BPA que le habrían permitido manejar una red de empresas offshore para ocultar el dinero de los sobornos.

En Lima

La doctora Canólic Mingorance llegó a Lima el lunes último como parte de la comitiva del fiscal general de Andorra, Alfons Alberca Sanvincens, que participó en la Convención de Fiscales y Procuradores Generales, que organizó el Ministerio Público peruano.

Su presencia en Lima tuvo como objetivo intercambiar información y experiencias con el Equipo Especial que comanda el fiscal peruano Hamilton Castro. La jueza entregó al fiscal de cooperación judicial internacional, Alonso Peña Cabrera, cuatro expedientes de información bancaria.

Esto es información complementaria de los depósitos realizados por Odebrecht al ex viceministro aprista Jorge Cuba Hidalgo y su sobrino Víctor Enrique Muñoz Cuba; las cuentas del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala Herrera; del presidente de la consultora Alpha Consult, Rómulo Jorge Peñaranda, y de Gabriel Prado Ramos, ex director de Seguridad Ciudadana de Lima y ex responsable de Emape en la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán.

La banca de Odebrecht

Toda esa información fue entregada de inmediato al equipo del fiscal Castro, que tuvo la oportunidad de conversar con Mingorance e intercambiar mayor información.

La jueza andorrana descubrió que el BPA, al igual que el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, estaba en el centro del esquema bancario utilizado por Odebrecht para pagar sobornos en Latinoamérica. En este esquema participaban funcionarios del banco en Andorra, de sus filiales en Panamá y Uruguay y el BPA Servicios.

La trama consistía en hacer que los receptores de los sobornos crearan sociedades offshore, a nombre de testaferros, en cuyas cuentas se recibían los sobornos. Luego, en el mismo banco se abrían cuentas de los funcionarios públicos, como beneficiarios finales del dinero, que posteriormente se transfería a otras cuentas en Suiza, Alemania, Estados Unidos, China o Barbados.

Emails

Compensación

El BPA, según las indagaciones de la jueza y la declaración del colaborador Rodrigo Tacla Durán, ideó un sistema de compensación para no dejar rastro alguno del movimiento del dinero, ni que los funcionarios beneficiarios tuvieran que visitar Andorra. Podían descansar en España, Francia o seguir en Lima, mientras se realizaba la transacción.

En otros casos, los funcionarios del BPA ponían en contacto a personas que necesitaban depositar dinero con los funcionarios que tuvieran que retirar los fondos, para que las transferencias se realizaran fuera de la ventanilla, sin dejar rastro.

Pero, igual el banco cobraba comisiones y llevaba el detallado registro de estas transferencias bancarias, en una contabilidad paralela. Al igual que Odebrecht, el BPA tenía una “Caja B”, a través de la sociedad panameña Landstreet.

La jueza Canólic Mingorance ha rastreado las actividades del BPA en Panamá y Uruguay. En junio, la jueza intercambió información con los fiscales panameños y hoy hace lo mismo con los peruanos. Los resultados de este intercambio se verán pronto, los fiscales ya empezaron a evaluar la información bancaria que Canólic les trajo de Andorra. 

En cifras

2015 en marzo, las autoridades del principado intervienen el Banco Privado D’Andorra.

923 clientes del BPA tenían cuentas sospechosas de recibir fondos de corrupción o blanqueo de divisas.

US$ 15 millones se movieron en el BPA para pagos a funcionarios peruanos.

Rodrigo Tacla, el colaborador en Andorra

El abogado Rodrigo Tacla Durán se ha convertido en uno de los principales testigos de la jueza de instrucción Canólic Mingorance en la investigación del caso Pernambuco. Tacla permanece en España, que se ha negado a extraditarlo a Brasil.

En una entrevista con el diario El País, Tacla Durán declaró que Odebrecht sobornó a más de 1,000 funcionarios en Latinoamérica, desde gerentes de empresas públicas hasta jefes de Estado.

“El dinero se entregaba en efectivo y por transferencias. Cobraba hasta el conserje. Los sobornos salpicaron a todos los partidos. De derecha, izquierda… De Gobierno, oposición… Y no hay solo políticos entre los beneficiados”, afirma Tacla.

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