Inesperada decisión. Víctimas del programa de control reproductivo del fujimorismo y organismos de derechos humanos dicen sentirse desamparados. Fiscal no encontró pruebas de la existencia de un aparato organizado de poder.,El llanto de miles de víctimas no fue suficiente. Faltaron pruebas de la existencia de un aparato organizado de poder destinado a ejecutar las esterilizaciones forzadas. Esta fue la conclusión de la fiscal Marcelita Gutiérrez para archivar la denuncia contra el ex presidente Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, y el actual congresista Alejandro Aguinaga por este caso. PUEDES VER: Denuncia de esterilizaciones forzadas fue archivada por la fiscalía Solo casos aislados Gutiérrez, en una resolución notificada ayer a las partes, estableció que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del gobierno de Fujimori, entre 1996 y el 2000, no estuvo destinado a violar los derechos humanos, por lo que no constituye un delito de lesa humanidad. Sin embargo, estableció que las deficiencias en su diseño e implementación permitieron casos individuales y concretos de graves violaciones de derechos humanos, al someterse a personas a ligadura de trompas y vasectomías sin un consentimiento informado. La Fiscalía procederá a denunciar penalmente a los médicos y especialistas de salud involucrados en estos casos aislados. Según trascendió, uno de los temas que pesó en el criterio de la fiscal, es que la mayoría de las 2 mil 636 mujeres interrogadas por este caso habrían dicho que sí consintieron las operaciones. En la sierra y selva del país se habrían producido operaciones sin consentimiento: 397 casos del total de interrogadas. Para la Fiscalía esto descartaba que se trate de un delito de lesa humanidad, pues el programa no estuvo destinado a desaparecer a un determinado grupo social o étnico. Respecto a la autoría mediata se indica que no se encontraron evidencias o pruebas de la existencia de un aparato organizado de poder. En este punto se indica que el hecho de que un grupo de médicos de Piura denunciara las malas prácticas en las esterilizaciones demuestra que los especialistas de la salud se podían oponer al programa. Indignante Las críticas a la decisión de la Fiscalía se propagaron por las redes sociales tan pronto se supo la noticia. "Indignante, lamentable, vergonzoso, no hay justicia para las mujeres", fueron algunos de los comentarios. IDL y Demus, que representan a las víctimas, dijeron no haber sido notificados sobre la resolución fiscal. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, expresó su rechazo a la decisión fiscal. "En 14 meses de investigación, la Fiscalía prácticamente ha resuelto que solo ha habido un grupo de 10 agraviadas, y que las 300 mil esterilizadas restantes han sido con su consentimiento", expresó el abogado del IDL, Juan José Quispe. "Hay evidencias que no se han querido ver y vamos a apelar", manifestó Quispe. Segunda Vásquez del Águila Esterilizada contra su voluntad en 1997, en Juanjuí, San Martín (selva). “Es una maldad lo que han hecho, cómo nos van a dejar así, nos quitan la esperanza. Es una maldad lo que están haciendo con nosotras, somos mujeres pobres esterilizadas contra nuestra voluntad, con engaños, a la fuerza. Entonces no valemos nada para este país, porque no están reconociendo que nos han hecho una enorme maldad, que no tiene nombre. Tiene que pagar Alberto Fujimori y sus ministros de Salud. Nos han hecho una maldad con todo su poder, no deben darle el indulto a Alberto Fujimori, más bien deben castigarlo por la desgracia que le han hecho a todas las señoras esterilizadas contra su voluntad; pero algún día tendrán que pagar todo el daño que nos han hecho estos criminales”.
