Las muertes de los tres valerosos bomberos –Alonso Salas, Raúl Lee y Eduardo Jiménez– se podrían haber evitado con mejor prevención y con equipamiento adecuado. La de Quintino Cereceda en Cotabambas, también. No sólo con una actuación policial adecuada sino, especialmente, evitando un conflicto perfectamente previsible. En uno y otro asunto el Estado tiene responsabilidad. En lo de los conflictos sociales es realmente muy grave que el Estado siga sin estar preparado para cumplir su papel y siga con las mismas carencias e inercias de los últimos diez años. Urge un “golpe de timón” pues el Estado debe desempeñar un papel activo en todo momento y no sólo cuando la noticia de los bloqueos de caminos o ríos ocupe la primera plana. En un país minero, con grandes contrastes sociales, comunidades muy pobres, riesgos ambientales y creciente conocimiento por la gente de que la consulta previa es una obligación del Estado, son obvias las “condiciones objetivas” para una persistente conflictividad social en torno a la inversión extractiva. La estupidez de ver tras cada conflicto la mano del “terrorismo”, o incluso de Hezbolá (¡!), impide ver que la mayoría de estos conflictos son previsibles. Siendo previsibles, sin embargo, son inevitables. Sí lo son, por cierto, cuando el Estado abdica de su responsabilidad y obligaciones. Así estamos desde hace años. Esto debería haber merecido desde el 28 de julio un golpe de timón político e institucional contundente. Cortar el círculo vicioso de esa inercia contemplativa requiere organizarse adecuadamente, con la institucionalidad y recursos humanos y presupuestales adecuados, para conducir desde el inicio los diferentes procesos de consulta –y acuerdos– en todas sus fases. Primero, se creyó ingenuamente que enviando a un asesor gubernamental a los diálogos a Las Bambas se podría manejar el problema. No funcionó ni podía funcionar. El nombramiento de Rolando Luque, luego, como jefe de la Oficina Nacional de Diálogo del gobierno ha sido una buena decisión –aunque tardía– pero dista de ser suficiente en un país minero y en el que suele haber cerca de 200 conflictos en simultáneo. Estoy estudiando ahora las distintas experiencias latinoamericanas actuales sobre esta problemática. La verdad es que no hay ningún “país modelo”; en todos –sin excepción–es visible que se está en un proceso de aprendizaje. Pero hay cosas que aprender; de países como Colombia, por ejemplo, y de sus 1,500 procesos de consultas organizados por el Estado. En el Perú apenas llegamos a la veintena y se carece de una institucionalidad pública de cobertura nacional. Así como para organizar elecciones municipales hay una entidad fuerte y con cobertura nacional como la ONPE que funciona bien, se necesita una maquinaria pública eficiente que conduzca la organización oportuna del diálogo en torno a la inversión extractiva. El Estado tiene la responsabilidad de organizarse bien, no para ser un “apagaincendios” sino para conducir estos necesarios procesos que son, además, obligatorios por el derecho internacional y la ley interna. Esto supone entender dos cosas importantes para que el Estado no continúe abdicando de su responsabilidad... Primero, que la “consulta previa” debe ser parte de un proceso de diálogo permanente conducido en todo momento por el Estado, que no se puede reducir a ser un “acompañante”, mero director de debates o “tirarles la pelota” a las empresas. Debe conducir esos procesos generando condiciones para la comunicación entre la población concernida y las empresas en todas las fases del proyecto. Segundo, que esos diálogos, conducidos por el Estado, deben producir acuerdos concretos, firmes y estables que el Estado debe garantizar. No pueden estar sujetos, en consecuencia, a una permanente y constante “renegociación” entre empresas y población que haría del proceso de consulta y de los acuerdos parciales algo efímero e irrelevante.
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