En febrero se promulgó en Chile el Decreto Supremo # 148 que aprueba el Plan “Energía al 2050”. El Plan fue preparado en 18 meses por 27 miembros. Entre ellos están los principales productores y consumidores de energía (Consejo Minero, Asociación de Generadores de Energía y de gas natural), así como la comunidad académica, las ONG ambientalistas (WWF), defensores de los derechos indígenas y, también, de protección del consumidor. Energía 2050 (1) dice que Chile debe cumplir su compromiso de reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Para ello aprueba una amplia gama de políticas y metas cuantificables. Mencionemos una: las fuentes de energías renovables (no contaminantes) tendrán una participación del 70% en la generación eléctrica. Energía 2050 señala actores y responsabilidades. Así, por ejemplo, para aumentar las inversiones en infraestructura en la cadena de combustibles en consistencia con las condiciones planteadas en el Eje “Gestión del Territorio”, se establece que los actores son la Empresa Nacional de Petróleo, las empresas distribuidoras y las transportistas. Finalmente, “el Ministerio de Energía será encargado de liderar la implementación de la Política Nacional de Energía, realizar su seguimiento y realizar un informe anual de sus avances al Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía” (DS # 148, Art. 2). Hay varias cosas claves acá. El Estado (no el mercado) lidera un concertado con todos los actores de la sociedad. El compromiso es vinculante para todos pues se plasma en un Decreto Supremo. Y el Ministerio de Energía, bajo responsabilidad, lidera su implementación. Qué diferencia con el Perú, donde no hay un Plan Energético de Largo Plazo. Lo único que hay son “planes referenciales”, o sea proyecciones lineales de oferta y demanda. Y no es que falten profesionales, que los hay y muy buenos. Ni tampoco que no haya planes, pues tenemos la “Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES), financiada por el BID y que duerme en alguna gaveta. Pero aquí prima la ley del mercado, mejor dicho de las empresas, lo cual nos viene desde la Ley de Hidrocarburos (Ley 26221) de 1993. Esa ley del mercado hace que lo que piden los empresarios se vuelva realidad, mientras que sucede lo contrario cuando es el Estado quien lo pide (sorpréndase, de vez en cuando lo hace). Esa libertad empresarial tiene un sustento de fondo: la Ley 26221 dice que los empresarios son los dueños de la molécula de gas y petróleo, motivo por el cual nadie, ni siquiera el Estado, puede decirles qué hacer con ella. ¿Quiere el Estado darle gas a la Región Sur del Perú, masificar el gas a domicilio, tener gas natural vehicular, una industria petroquímica para la diversificación productiva, descentralizar el país y generar miles de empleos? Para ello el Estado tiene que pedirle el gas a los dueños del Lote 58 (CNPC de China) y del Lote 88 (Consorcio Camisea). Pero las empresas hasta hoy no concretan esa oferta y el gobierno tampoco ha hecho mucho para concretarla. Por ello, hasta hoy no está garantizada la oferta de gas, pero el Gasoducto se está construyendo. De Ripley. En Chile hay consenso acerca del rol de la empresa pública : ENAP tiene encargos explícitos. En el Perú hay un amplio sector (66% según la última encuesta de Datum) que pelea hace 20 años para que no se privatice Petroperú y que se le fortalezca y se modernice, mientras que los proprivatización siguen pidiendo su disolución. Esto debe terminar. PPK ha dicho que fortalecerá la empresa, lo que también plantean el Frente Amplio y Fuerza Popular (con diferencias importantes entre todos ellos, ciertamente). Es la hora del consenso positivo para Petroperú, Se quedan temas en el tintero: el Plan de Masificación Nacional y la exportación del gas del Lote 56 a México. La cuestión es que todo lo señalado aquí puede y debe ser abordado en un Plan Energético al 2050, puesto en marcha por todos los actores y aprobado por Decreto Supremo para que tenga carácter vinculante. Este Plan debe “rayar la cancha” para todos los actores. Los planes de las empresas tienen que estar en línea con lo que el país necesita. Y no al revés, como ahora. Hay amplio terreno para avanzar. Revisando los planes de gobierno, vemos que PPK propone una Ley Marco de Cambio Climático y Fuerza Popular plantea “equilibrar las inversiones con el medio ambiente”. De su lado, el Frente Amplio desarrolla exhaustivamente el cambio climático, la defensa del medio ambiente y los territorios de las comunidades nativas, así como un plan energético alternativo. Es hora que los peruanos forjemos nuestro desarrollo energético, decidiendo adónde va la molécula. Todo eso dentro de un Plan de Largo Plazo. Ni más ni menos. (1) Ver http://www.energia2050.cl/uploads/libros/libro_energia_2050.pdf
