Con pena y vergüenza leí que Javier Puma Huamán, un mecánico arequipeño, sería la primera víctima de las mafias de prestamistas colombianos que operan en el Perú. Por unos, pagamos todos. Y temo que el estigma crecerá en los meses que vienen. Sobre todo porque es más fácil conseguir rating con estas noticias que proponer una solución.Y hablo de soluciones porque en mis años aquí me he encontrado con cerros de burocracia ineficiente y hasta absurda, pensada en prevenir la llegada de estos malos elementos al país. Para la muestra, un botón: el brevete para moto. Eso es quizá lo único que tengo en común con mis compatriotas extorsionadores, andamos en dos ruedas. Y rodar legalmente por Lima fue una hazaña de más de un año y casi una docena de viajes al Callao.Para andar en moto un peruano presenta una copia simple de su DNI, fotos y los exámenes correspondientes. Un extranjero, a pesar de ser ciudadano residente, debe presentar varios documentos más. El problema es que cada vez que vas a recoger el brevete te dan la sorpresa de que los requisitos han cambiado y lo que ya entregaste tiene más de 30 días. Debes retramitar. Yo tuve que certificar notarialmente mi domicilio (no una declaración jurada, no; que el notario fuera a mi casa y viera que vivo ahí), sacar una copia legalizada de un certificado de trabajo, de mi carné de extranjería y pasaporte, de un recibo de agua o cable, hacer una declaración jurada con firma legalizada de tener estudios de primaria. Hasta tuve que apostillar mi título profesional y presentar su homologación ante Sunedu.Este tipo de política solo discrimina y desprotege, convierte en ciudadano de segunda categoría al extranjero que intenta cumplir con la ley. ¿Creen que a quien viene a extorsionar le importa manejar con los papeles en regla? Pues esa parece ser la lógica: que los señores de Orión manejen sin brevete y maten a todos; pero Dios nos libre de que un colombiano que haga delivery no sea profesional. ❧
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024