Lince en la encrucijada

El vecino prefiere hablar bajo el anonimato. Por miedo. Hace algunas semanas, un desconocido a bordo de una moto lineal se le acercó, lo llamó por su nombre y por el cargo que tiene en una de las juntas vecinales de Lince. Después de mirarlo en silencio, se marchó. Desde entonces, el vecino camina con temor por las calles del distrito, que es su hogar desde hace 30 años. Por estas calles —Risso, Mariscal Las Heras, Bernardo Alcedo, Petit Thouars—, donde cualquier extraño parado en una esquina puede ser un proxeneta, un extorsionador o un sicario.

El vecino dice que en Lince siempre ha habido trabajadoras sexuales, desde que tiene memoria. Siempre por estas mismas vías. Pero lo que viene ocurriendo desde hace unos tres o cuatro años nunca lo había visto.

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—Antes eran peruanas, veías unas 10 chicas constantes —dice—. Ahora puedes ver hasta 70, casi todas extranjeras. La prostitución siempre ha habido, pero nunca en tanta cantidad. Y ahora no es solo prostitución, es el sicariato y el cobro de cupos.

Otra vecina, que vive en los alrededores de Ignacio Merino, dice que ahora a las familias les cuesta hacer algo tan simple como ir de compras al Centro Comercial Risso. Pasar con niños junto a las mujeres que trabajan en la calle. Las hijas, las nietas, las sobrinas, a veces son confundidas, acosadas por los clientes. La vecina dice que esta situación tiene que acabar.

Explosión de violencia

Los expertos reconocen que las inmediaciones de Risso siempre fueron zona de trabajo sexual, pero que a partir de la segunda ola migratoria venezolana —2019, 2020— la situación cambió.

—Históricamente, era una zona de trabajo sexual —dice Ricardo Valdés, exviceministro de Seguridad Pública y director ejecutivo de CHS Alternativo—. Después se combinó el trabajo sexual con la explotación y ahora lo que tienes es, principalmente, una sumatoria de víctimas de diverso grado y diversa complejidad. Lince es, en este momento, un laboratorio del crimen.

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—Los homicidios, los feminicidios, el robo, la venta de drogas, todo el problema de inseguridad en Lince está asociado a una causa estructural, que es el trabajo sexual desregulado que existe en el distrito —dice Enrique Castro Vargas, exdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y experto en fenómenos de violencia y delito—. La extorsión ya existía en el trabajo sexual, pero con la llegada de las bandas trasnacionales se ha hecho mucho mayor.

Ricardo Valdés menciona que un hito en la evolución de este fenómeno fue el asesinato de Isaac Huamanyali, alias ‘Cholo Isaac’, ocurrido en enero del 2020 en el Mc Donald’s de Risso, a manos de la banda ‘Los Gallegos’, una facción del ‘Tren de Aragua’, con el fin de tomar el control de la explotación sexual en esa zona.

—Ahí queda claro que pasan a mayores porque la explotación sexual se asocia directamente con el sicariato. Sacan de carrera a la organización criminal peruana y se posiciona una de las facciones de la mafia venezolana —dice.

Desde entonces, la violencia se desató. En junio del año pasado acribillaron a una trabajadora sexual que se había negado a pagar cupos. En noviembre, balearon a un grupo de amigos que bebía cerveza, al parecer también por extorsión. En abril de este año, miembros de ‘Los Hijos de Dios’ y ‘La Dinastía Alayón’ atacaron a balazos una casa de seguridad del grupo ‘Puros Hermanos Sicarios’, en Santa Beatriz.

Hace unos días, el martes 26, dos sicarios a bordo de una moto lineal acribillaron a una presunta trabajadora sexual peruana, a la altura del Mercado Lobatón. Y el sábado 30, dos desconocidos arrojaron una granada en la puerta de un hotel de la cuadra 20 de Petit Thouars, aparentemente porque los dueños se habían negado a ceder a las extorsiones. La explosión provocó una decena de heridos.

La Policía sostiene que lo que está ocurriendo en este momento es una guerra en la que las bandas venezolanas que antes se peleaban entre sí parecen haberse aliado para enfrentar a una organización peruana, autodenominada ‘Somos Nosotros’ y que sería liderada por alias ‘Chino’. El botín, cómo no, es el cobro de cupos a las trabajadoras sexuales. Según cálculos de la Policía, la explotación sexual en Risso movería alrededor de 850.000 soles al mes. Esa es la suma millonaria por la que se están matando.

En medio de toda esta violencia, la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, ha pedido al Gobierno que declare el estado de emergencia en su distrito. Pero ¿esta es la mejor alternativa para enfrentar el problema?

Regular el trabajo sexual

En enero del año pasado, la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, entonces a cargo de Enrique Castro Vargas, presidió la instalación de una mesa de trabajo para evaluar la problemática del trabajo sexual en Lince. Acudieron el alcalde de Lince y representantes de la Policía y de los ministerios de la Mujer y de Trabajo, entre otras instituciones.

Castro puso sobre el tapete la necesidad de regular el trabajo sexual, lo que ayudaría a reducir las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas estas mujeres, en las que prosperan delitos como la extorsión, el sicariato y los feminicidios. Dos días después de haber instalado la mesa, fue destituido de su cargo.

—Aunque suene transgresor, creo que el tabú y la invisibilización del trabajo sexual, en una sociedad tan conservadora como la nuestra, ha facilitado muchísimo que las bandas criminales funcionen con mayor desparpajo —dice.

El experto sostiene que, en el caso de las mujeres que se dedican a este oficio por voluntad propia, se podrían establecer alianzas con los hoteles de la zona para que no ofrezcan sus servicios en la calle. Y que los ministerios de Salud y de Trabajo podrían darles garantías para que los brinden en las mejores condiciones.

Otra situación —acota— es la de las víctimas de trata y explotación sexual, delitos que se deben perseguir usando la inteligencia policial, la inteligencia financiera y, quizás, echando mano de un grupo especial que investigue la complicidad que las bandas tienen dentro de las instituciones, incluida la propia Policía.

Ricardo Valdés, por su parte, hace hincapié en la importancia de asignar recursos: se necesitan 1.150 millones de soles para combatir la trata de personas en el Perú, pero el Estado solo destina cinco millones de soles al año.

El exviceministro reconoce la labor que está haciendo la Policía, capturando cabecillas y rescatando víctimas, pero sostiene que el trabajo de las diferentes divisiones —Homicidios, Trata de Personas, Estafas, etc.— debe ser articulado para evitar así “pisarse los callos”.

Además, coincide en que es necesario fortalecer el trabajo de inteligencia, por ejemplo, estableciendo un cerco electrónico para monitorear las comunicaciones en un perímetro de 40 manzanas y así detectar a los extorsionadores. Y, también, en que hay que investigar a los cómplices dentro de la Policía. Un grupo como la Diviac, dice, podría asumir esta tarea.