Universidad Alas Peruanas pide a juez reexaminar orden de incautación de 34 inmuebles

La defensa de la Universidad Alas Peruanas (UAP) ha requerido al juez Víctor Zúñiga Urday reexaminar el mandato de incautación y desposesión de 34 inmuebles, 7 avionetas y un simulador de vuelo, propiedades de la casa de estudios intervenidas en un operativo el 11 de abril de este año.

La medida fue solicitada por el fiscal Wilson Salazar Reque y dispuesta por el mencionado magistrado Víctor Zúñiga, lo que derivó en la incautación de bienes de la UAP por un valor estimado en S/500 millones.

En la audiencia judicial, el abogado de la universidad, Miguel Ávalos Alva, argumentó que el sustento del requerimiento del fiscal Wilson Salazar se basa en el supuesto de que la familia Ramírez, que tuvo el control de la UAP —Fidel Ramírez, su esposa y sus dos hijas, además de los excongresistas Joaquín y Osías Ramírez—, entre 1996 y 2020, es propietaria de los bienes incautados.

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Lo que es una afirmación errónea, porque los dueños de la universidad son los socios de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (Alaspe), no los Ramírez, quienes, en realidad, afectaron con sus presuntas actividades ilícitas el patrimonio de la UAP.

Sin embargo, en el pedido de requerimiento fiscal de incautación y desposesión, la UAP no aparece como agraviada de los actos de los Ramírez.

“La UAP considera que el fiscal Wilson Salazar Reque ha omitido información que era necesaria para que el juez tomara una decisión correcta respecto a sus bienes. Ha esgrimido una tesis fiscal inconsistente e ilegal en la que fuerza una imputación en contra de la universidad por fraude en la administración de personas jurídicas cuando está comprobado que la UAP fue la única perjudicada con los actos cometidos por la administración de la familia Ramírez”, señaló el abogado de la universidad, Miguel Ávalos Alva.

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Este diario buscó la versión del fiscal Wilson Salazar Reque, pero mandó a decir que no comenta casos en pleno proceso de investigación por la reserva del caso. Empero, el mismo día de la incautación, el 11 de abril, Salazar participó en una conferencia de prensa liderada por el ministro del Interior, Vicente Romero, para anunciar los resultados del operativo.

Además de locales de la universidad en Lima y diferentes partes del país, fueron incautados 7 avionetas y un simulador de vuelos, que eran parte de la escuela de pilotos de la UAP ubicada en Ica.

Según la propia Fiscalía, el exrector y exgerente de la UAP Fidel Ramírez Prado y su sobrino, el excongresista fujimorista Joaquín Ramírez, hicieron millonarios negocios con fondos de la universidad. Por ejemplo, por intermedio de una red de empresas inmobiliarias de Joaquín Ramírez, compraba o construía inmuebles que luego alquilaba a la UAP mediante contratos suscritos con su propio tío. Los acuerdos afectaban el patrimonio del centro de estudios, porque eran hasta por 30 años y Joaquín Ramírez ganaba el 15% de los ingresos mensuales de la UAP.

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El propio Joaquín Ramírez relató esta modalidad de negocios con su tío Fidel Ramírez en una de las conversaciones que tuvo en Miami con el expiloto de aviación y colaborador de la DEA Jesús Vásquez Ybáñez. La transcripción del diálogo se la entregó la DEA al fiscal Wilson Salazar en 2019, por lo que desde entonces contaba con una evidencia de la actuación de los Ramírez en agravio de la UAP.

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Otro de los fundamentos de la solicitud del reexamen de la medida de incautación y desposesión de los inmuebles de la UAP —que en términos prácticos significa la devolución de los mismos— es que el pedido del fiscal vulnera decisiones societarias que se encuentran conforme a las leyes.

“Por ejemplo, la incautación de las aeronaves que son propiedad de la escuela de aviación de la UAP, que no forma ni ha formado nunca parte del proceso ni de las investigaciones. El fiscal pretende justificar su acción basada en hechos que son decisiones societarias válidas, que bajo ningún criterio pueden ser consideradas delito”, explicó Miguel Ávalos.

La primera audiencia con el juez Víctor Zúñiga será este martes y el jueves la segunda. El magistrado anunció que adoptará una decisión rápida.

Joaquín Ramírez busca anular incautaciones

De igual forma, en mayo de este año, el alcalde de Cajamarca y ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra, presentó un recurso de apelación cuestionando la legalidad de la resolución del Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria que incautó y lo desposeyó de 256 bienes inmuebles.

El recurso de apelación, al que ha tenido acceso La República, señala que el juez no ha motivado la necesidad de la medida de incautación y desposesión de los bienes; y, además, que desde marzo del 2021 existe una prohibición judicial inscrita en Registros Públicos para transferir la propiedad de los bienes, por lo que no es necesaria una medida más grave.

Asimismo, señala que no se han individualizado los elementos de convicción que sustentan la necesidad de una incautación y que demuestren un peligro inminente de que los bienes vayan a desaparecer.