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Política

Sentencian a consejero de Puno por tráfico de influencias y cohecho activo genérico

José Borda Cahua recibió 3 años y 11 meses de pena privativa de libertad con carácter de suspendida tras acogerse a terminación anticipada.

Detenido. Borda estará encarcelado por 72 horas. Foto: Juan Carlos Cisneros/ La República
Detenido. Borda estará encarcelado por 72 horas. Foto: Juan Carlos Cisneros/ La República

Puno. El consejero regional de la provincia de San Antonio de Putina, José Luis Borda Cahua, fue sentenciado con tres años y 11 meses de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico.

Borda fue detenido hace algunos días cuando se desarrollaba una sesión del Consejo Regional de Puno. También se determinó cinco años y siete meses de inhabilitación para ejercer el cargo público y una reparación civil de S/ 6.000. La medida fue tomada por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, liderado por María Candelaria Morales Segura.

Fue así como el imputado aceptó sus responsabilidades y se acogió a la terminación anticipada. De acuerdo con la Fiscalía, Borda habría solicitado al nuevo director de la Red de Salud de Huancané, antes de que este asuma el cargo, para que acepte la designación de personal que iba a proponerle para los procesos de adquisiciones de bienes y servicios en esta entidad. A cambio, el investigado ofreció interceder ante la presidencia del Gobierno Regional de Puno para que se concrete dicho nombramiento.

Por otro lado, solicitó que se agilice el pago de adendas por servicios de limpieza y alimentación, lavandería y seguridad, a favor de los proveedores, ofreciéndole además la suma de S/ 10.000 al mismo tiempo que pedía otorgar la buena pro a determinadas empresas que venían participando de un proceso de selección para las prestaciones antes mencionadas.

Dato

Como se sabe, el proceso especial de terminación anticipada es un acuerdo entre el procesado y la Fiscalía, con admisión de culpabilidad de alguno o de todos los cargos que se formularon por el Ministerio Público, posibilitando que al acusado vea menguada la pena que le corresponde, lo que da por terminado el caso.

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