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Sociedad

Aspirante a colaborador eficaz le tomó el pelo a Fiscalía en caso Malditos de Chumbivilcas

Respuesta. En 2018, en el municipio de Arequipa, gestión de Alfredo Zegarra, se detectó red criminal. Uno de los investigados detenidos se ofreció a colaborar, lo hizo casi un año y luego se echó para atrás. Eso retrasó el proceso.

José luis cavero. Fue una de las piezas clave en la campaña de Alfredo Zegarra, obtuvo su libertad por exceso de carcelería.
José luis cavero. Fue una de las piezas clave en la campaña de Alfredo Zegarra, obtuvo su libertad por exceso de carcelería.
LR Sur

Roberth Orihuela

La fiscal especializada en Crimen Organizado, María Cabana Ocsa, nos recibe en su oficina. Una habitación pequeña, con un escritorio rodeado por carpetas de documentos apilados hasta casi el techo. Son los documentos de los casos penales que investiga. Uno de ellos pertenece a la organización criminal “Los Malditos de Chumbivilcas”. Este involucra a funcionarios del municipio provincial de Arequipa, traficantes de terrenos y jueces. Según la tesis fiscal, estos se coludieron para apropiarse, legalizar invasiones en terrenos públicos, ese tráfico generó cobros indebidos por los lotes. Las investigaciones iniciaron en marzo de 2018 y se extendieron hasta hace un par de semanas, cuando se instaló el juicio.

El caso es complejo por la cantidad de acusados, testigos y peritos, explica la fiscal. Seis purgaban prisión preventiva, recientemente los liberaron por exceso de carcelería. Ahí arreciaron las críticas contra Cabana.

La fiscal precisa que la complejidad del caso se revela en la documentación. Hay acumulados 125 tomos de documentos que son las pruebas que podrían llevar a la cárcel a los 31 involucrados. El juicio lo lleva a dedicación semi exclusiva el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado que preside el magistrado José Ríos Núñez. “Un caso penal común no tiene más de 25 tomos, de 200 páginas cada uno. Además contamos con otras pruebas y documentos. Hay mucho material”, agrega la fiscal.

María Cabana, al inicio de la entrevista pide que se aclare que ella no tomó el caso desde el principio. “Estuvo primero con la fiscal Alejandra Cárdenas. Ella lo llevó hasta julio del 2019, cuando fue transferida a Lima. En agosto de ese año yo asumo”, apunta.

Esta presunta red de corrupción fue desbaratada en un megaoperativo con varios detenidos. Empero de los 26 investigados solo para seis se consiguió prisión preventiva de 36 meses. Terminado ese plazo María Cabana pidió una extensión de 12 meses. Ahora todos están libres por exceso de carcelería.

¿Por qué demoraron tanto en presentar el control de acusación?

El principal motivo fue que estuvimos armando la participación de un colaborador eficaz. Este era un funcionario municipal que pidió acogerse a esta figura con el fin de obtener beneficios penitenciarios. Junio de 2018. Trabajó con la fiscal Alejandra Cárdenas. Casi todos los días estaba aquí en la Fiscalía. Era traído desde el penal. Tenemos 6 declaraciones suyas, muy amplias, en las que brinda detalles sobre el proceder de otros funcionarios públicos del municipio provincial. Además aportó documentación y se corroboró con los que encontramos en las computadoras y USBs de José Luis Cavero y los hermanos Merma Valencia (traficantes de terrenos). Estábamos armando algo sólido y la fiscal Cárdenas presentó el caso (de colaborador eficaz) para que sea aprobado por el juez. Es en ese momento, en octubre de 2019, el aspirante a colaborador eficaz se echa para atrás y nos dice que ya no deseaba continuar. Cuando le preguntamos qué pasó, nos dijo que no sabía lo que estaba haciendo, porque supuestamente lo habían engañado y él no era consciente de lo que había en las actas que firmó junto a su abogado. Perdimos más de año y medio de trabajo. No podíamos usar sus declaraciones porque decidió que ya no quería ser colaborador.

¿Qué otros problemas hubo?

En marzo del 2020 empezó la pandemia. Ya no pudimos realizar diligencias por varios meses, hasta agosto de ese año recién se volvió a algo de normalidad. Solicitamos que los plazos penitenciarios también se pusieran en standby, pero no pasó. En mayo del 2020 hicimos un esfuerzo y decidimos ir a buscar a todos los implicados en el caso para obtener sus correos y teléfonos con el fin de notificarlos de manera virtual. Lastimosamente para ese tiempo el Ministerio Público no contaba con un sistema de casilla electrónica o notificadores virtuales. Tuvimos que hacerlo todo nosotros, porque los plazos nos ganaban. Pudimos compilar la base de datos y cuando ya volvimos a trabajar pudimos seguir las diligencias de manera virtual.

En este punto la fiscal, además explica que los abogados de los investigados también aportaron su cuota para dilatar los plazos. Por ejemplo, no asistían a diligencias ya programadas o no se presentaban con sus representados para las declaraciones. Y en el tramo final, para presentar el control de acusación el Poder Judicial les pedía toda la documentación escaneada. Se trata de 125 tomos de 200 páginas cada uno. Lo que fue una labor ardua de amanecidas. Y luego se debía entregar una copia en DVD a cada abogado, acusado y agraviado.

“En agosto del año pasado ya teníamos todo. Pero el juzgado no nos permitía entregar solo los links de las carpetas virtuales en la nube, sino que nos obligaban a entregar DVDs con los documentos escaneados, lo que provocó que recién en octubre pudiéramos entregar los documentos completos para el control de acusación. La audiencia se instaló en diciembre del 2021 y siguió hasta febrero pasado”, explica Cabana Ocsa.

La letrada se muestra tranquila. Señala que se allanará a las investigaciones que el Órgano de Control Interno del Ministerio Públic crea convenientes. “Estoy abierta a la transparencia, no tengo nada que ocultar. Lastimosamente perdimos tiempo con un colaborador eficaz que habría sido clave”, finaliza.