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Sociedad

Piura: ordenan prisión preventiva contra presunto asesino de comunero de mina de sal

Fiscalía emitió la orden de búsqueda y captura contra Arnold Lenin Burgos Tello, como presunto autor del delito de homicidio simple en contra del comunero Ramos Litano Elias.

Señalaron que la captura de Burgos Tello facilitará la investigación del autor intelectual tras la muerte de comunero. Foto: La República
Señalaron que la captura de Burgos Tello facilitará la investigación del autor intelectual tras la muerte de comunero. Foto: La República

La fiscal adjunta provincial Susy Amaya Valladolid, de la Fiscalía provincial penal corporativa de Sechura, en Piura, obtuvo que se ordene prisión preventiva por siete meses contra Arnold Lenin Burgos Tello, quien se encuentra prófugo, como presunto autor del delito de homicidio simple en contra del comunero Ramos Litano Elias.

Según Fiscalía, los hechos materia de investigación habrían sucedido el pasado 5 de julio, en horas de la madrugada, cuando un grupo de comuneros de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura llegaron a la mina de sal a realizar una protesta, al conocer que sus compañeros se habían visto amedrentados por personas con armas de fuego que se encontraban en el lugar.

Es en estas circunstancias, del interior de la mina habrían empezado disparar, lo que generó que los manifestantes se retirarán del lugar; sin embargo, esta acción no evitó que una bala alcanzara al ahora fallecido Litano Elias, hecho que fue observado por uno de sus compañeros.

Proceso

La Fiscalía presentó, entre los principales elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito, un acta de denuncia verbal, de intervención policial, de reconocimiento de persona mediante fotografía de Ficha Reniec, de Inspección técnico policial en el lugar de los hechos y de visualización, escucha y registro de información en USB, donde se encontraron los videos del momento de los hechos.

mina de sal sechura

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Además, adjuntó las pericias balísticas realizadas, el protocolo de necropsia, declaraciones del denunciante y de los testigos del hecho, entre otros.

Toda esta información fue evaluada por el Juzgado para dictar la medida coercitiva y las órdenes de búsqueda y captura a nivel nacional.