Organizaciones piden observar proyecto de ley que pone en riesgo a comunidades amazónicas

Las organizaciones cuentan con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Proyecto de ley propone construcción de una carretera que pone en riesgo un parque nacional y generaría un riesgo socioambiental.

Organizaciones piden una respuesta del Ejecutivo para evitar construir carretera. Foto: difusión
Organizaciones piden una respuesta del Ejecutivo para evitar construir carretera. Foto: difusión
Sociedad LR

La asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) hizo un pedido formal al presidente actual, Francisco Sagasti, para que se observe el proyecto de ley n.° 6486-2020, que impulsaría la integración entre Perú y Brasil, y la construcción de la carretera Pucallpa-Cruzeiro Do Sul. Sin embargo, esto tendría algunos riesgos socioambientales.

El proyecto de ley fue aprobado recientemente en el pleno del Congreso de la República; no obstante, aún debe pasar la revisión del Ejecutivo. Una de las alertas principales es que la construcción afectaría al Parque Nacional da Serra do Divisor (Brasil), el cual es Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco en 2017.

En el caso de Perú, afectaría en la propuesta de Área de Conservación Regional Alto Tamaya – Abujao y a la Reserva Indígena Isconahua para pueblos en situación de aislamiento y sin contacto inicial, en la región amazónica de Ucayali. Ante esto, el líder asháninca Berlín Diques se pronunció públicamente para que se evite esta carretera.

“El presidente Sagasti no debe permitir que avance este proyecto de carretera que no ha sido consultado, y mucho menos cuenta con nuestro consentimiento. Este proyecto expondría a nuestros hermanos Isconahuas, quienes son más vulnerables y no tienen contacto con la sociedad. Además, esta propuesta multiplica el peligro en el que viven las comunidades del área, poniendo una vía de contacto en una zona de narcotráfico”, indicó.

Así también, se denunció que las 10 comunidades nativas de los pueblos shipibo y asháninca no han sido consultados por esta propuesta. “Mediante la consulta previa, los pueblos indígenas que somos directamente afectados podemos buscar acuerdos que respondan a nuestras necesidades y disminuyan los impactos que puedan traer estos proyectos. La reactivación económica no puede ser bajo ninguna manera una excusa para evitar o recortar el derecho que tenemos a la consulta previa”, enfatizó.

Por último, esta nueva vía podría facilitar el movimiento del narcotráfico en la Selva peruana, lo cual perjudicaría a los defensores ambientales.