Controversia por ley que ajusta pensiones en colegios privados

Una nueva controversia ha ocasionado el Congreso de la República al aprobar una ley que -bajo la denominación de “establecer medidas para garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones públicas y privadas de la educación básica y superior durante una situación de emergencia o catástrofe- oficializa el control del precio de las pensiones que se cobran en las escuelas particulares de todo el país.

Desde el jueves último en que se dio luz verde a esta iniciativa no solo se han pronunciado los congresistas, sino también el Ministerio de Educación (Minedu), las asociaciones de colegios privados y los padres de familia.

La parlamentaria del Frepap Jesús del Carmen Núñez, vicepresidenta de la Comisión de Educación, dice que la norma ordena una reducción inmediata de la pensión de la enseñanza, en proporción a los servicios prestados, en este caso por las clases virtuales. “Tiene como fundamento el principio constitucional de solidaridad y la realidad socioeconómica”.

Su colega del Partido Morado Zenaida Solís, autora de uno de los 11 proyectos de ley acumulados, señala que se busca la armonía entre los planteles privados y los padres al hacer acuerdos y olvidar moras y multas que solo agravan la deserción escolar. “Queremos que les den facilidades. Hay que ponernos una mano en el corazón”.

Tres mil escuelas peligran

Sobre este tema, el presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril), Edgardo Palomino, advierte que lo único que generará la ley es afectar a las familias porque en el 2022 se cerrarían 3 mil escuelas, sobre todo las que cobran pensiones sociales de entre 200 y 400 soles. “Causará que se encarezca el servicio al haber menos planteles. Antes de la pandemia, ya estábamos ahogados con la morosidad de 40%”.

Explica que en el 2020 tuvieron que realizar descuentos que no cubrieron sus costos. Este año, dice, se ha sincerado el precio de las pensiones. “No podemos dar una rebaja mayor del 15% en los colegios pequeños de menos de 100 alumnos. El 70% se va en las planillas”.

A su vez, el representante de la Alianza de Escuelas Privadas, Jorge Camacho, refiere que la norma es arbitraria y desproporcionada al establecer que la pensión no puede incluir el alquiler ni la seguridad del plantel. “Si nos quedamos sin local, no cumplimos una de las exigencias y perdemos la autorización para seguir operando incluso de modo virtual. También ordena que no se podrá cobrar hasta que no haya acuerdo con las familias”.

Hablan las Apafas

Entre los padres hay posiciones divididas. El presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, Edgar Trello, responde que la ley podría incrementar la migración de alumnos que se pasan de colegios privados a los públicos. Esto colapsaría más las escuelas estatales, ya que hoy cada profesor tiene hasta 50 escolares por aula, luego de las 110 mil solicitudes de traslado en el 2020.

En cambio, para la vocera de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados, Agnieszka Céspedes, la propuesta podría cubrir el vacío de la norma existente. “Llevamos un año pidiendo diálogo. Es momento de la conformación de mesas de trabajo para llegar a consensos”.

Minedu evaluará el caso al que califica como complejo

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, afirmó en RPP que revisarán el proyecto de ley aprobado por el Congreso. “Por principio básico en el Estado no es posible regular precios. Esa es una regla general, no solo para las escuelas”.

Cuenca dijo que este año se aprobó el Reglamento de Colegios Privados, el cual recogió lo que ya salió en un decreto supremo del 2020, en el que las cuotas de ingreso tenían que ser devueltas a los padres porque la pandemia cambió las reglas de juego.

“Eso sí es posible regular. Lo que no podemos hacer es decirle: ‘Este colegio tiene que cobrar entre tanto y tanto’ porque esa es una relación de privados, entre familias y escuelas. Ahí es donde estaría el punto más complejo”, aseveró.

Universidades

La norma dada en el Congreso también ordena a las universidades y escuelas de posgrado, públicas y privadas, que ajusten el valor del crédito académico o pensión de enseñanza, de forma proporcional a la reducción de sus gastos debido a las clases virtuales.