Libres y autónomos: las personas con discapacidad psicosocial y su derecho a administrar sus bienes

A los 17 años, Teobaldo se fue a vivir a Ayacucho con su papá. El doctor le había recomendado estar en un lugar tranquilo, donde el ritmo de vida no sea muy agitado, pues acababa de ser diagnosticado de esquizofrenia. “Allá me gustaba estar con los animales y jugaba partidos en la tarde. Era mi pueblo, donde nací”, comenta entusiasmado. Lamentablemente, su padre falleció y tuvo que venir a Lima a convivir con sus hermanos mayores, quienes lo recibieron en su casa, en San Juan de Miraflores, herencia de su progenitor.

Ahora tiene 40 años y disfruta mucho de su espacio personal, una habitación donde se divierte mirando televisión, además de colaborar con las labores domésticas: “La paso bien, ayudo a limpiar, a veces a cocinar “, cuenta. Sin embargo, desde hace algunos años, se siente frustrado por lo que está haciendo su hermana menor, Julissa. “Ella no se ha preocupado por mí, habla mal de mí y ahora quiere quitarme mi casa”, relata.

Steffy Cruz, pariente del joven, denuncia que la mujer se “nombró heredera única de los bienes de su padre, excluyéndolo y dejándolo sin la posibilidad de ser copropietario".

La situación de Teobaldo es la de varias personas con discapacidad psicosocial que son víctimas del estigma por parte de algunos miembros de su familia, quienes creen que no pueden administrar dinero o bienes, y vulneran sus derechos y libertades. “Son invisibilizados y se los asocia con la enajenación personal. Entonces, se atribuye que no tienen capacidad de manejar sus recursos económicos”, explica Elizabeth Caballero, psicóloga y especialista en temas de discapacidad.

Hace tan solo dos años, estos prejuicios eran avalados por el mismo Código Civil, donde se establecía que ellos no podían casarse o disponer de su patrimonio, a menos que tengan una persona que tome estas decisiones por ellos (curadores). “En ese escenario, Teobaldo tampoco hubiera recibido parte de su herencia, la hubiese recibido a través de uno de sus hermanos, pues, al tener esquizofrenia, no era considerado un sujeto capaz de administrar su patrimonio”, detalla Renata Bredaglio, abogada especialista en derechos para las personas con discapacidad.

Esta realidad ha cambiado, pues gracias al Decreto Legislativo Nº 1384 se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Ahora, ellos pueden realizar trámites legales y firmar contratos. No habrá nadie que elija por ellos. Solo existe una figura legal de apoyos, personas que los pueden asesorar o aconsejar cuando realizan algún trámite.

Hay avances, pero aún el camino es largo, hace falta sensibilizar a las familias para que respeten los derechos de las personas con alguna condición de salud mental. Con esta legislación, Teobaldo podría ser copropietario del inmueble que le dejó su papá, pero debido a su hermana menor, Julissa, no puede disponer legalmente de su casa ni tener una vida autónoma.

Derecho a la herencia

Teobaldo no pudo terminar el colegio. Se quedó en tercero de secundaria. No ha querido buscar trabajo, ya que, para las personas con discapacidad psicosocial, es difícil insertarse en el mercado laboral.

El único medio o respaldo económico que tiene es su casa y las tierras que eran de su papá. “Como la sociedad no les brinda condiciones para que puedan desarrollarse, entonces, hay una expectativa de estos bienes, de la herencia o de alguna pensión”, recalca Pamela Smith, abogada y presidenta de la ONG Sodis (Sociedad y Discapacidad).

Si Teobaldo fuera copropietario de su casa, tendría la tranquilidad de saber que tiene un espacio seguro donde vivir, un lugar que por derecho le pertenece. Él junto a su familia todavía siguen un proceso en la vía civil. “Se ha iniciado un juicio de petición de herencia, donde se exige la inclusión de Teobaldo y sus otros hermanos como dueños de los bienes”, detalla Steffy Cruz, pariente cercana.

Sin embargo, para obtener justicia, también es necesario que abogados y funcionarios del Estado estén instruidos sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, pues ahora ya nadie toma decisiones legales por ellos respecto a sus bienes. “Las personas no podrán ser sustituidas en su voluntad de forma automática, sino que existe un mejor marco para dar apoyo y que puedan ejercer muchos derechos, incluida la administración de sus bienes”, detalla Pamela Smith.

Derecho a la autonomía

Los fuertes estigmas han relacionado la discapacidad psicosocial con la falta de autonomía. Se cree que no pueden ser independientes o tomar decisiones por sí mismos. “Muchos parientes consideran que no tienen la capacidad de manejarse solos, pero dependiendo del tipo y la gravedad de la discapacidad, pueden requerir de un acompañamiento y apoyo, pero no necesariamente se les anula su voluntad o capacidad de decisión”, explica la psicóloga Elizabeth Caballero.

Ahora la autonomía de Teobaldo se ha visto perjudicada, pues se le ha quitado el derecho a decidir qué hacer con sus propiedades. El podría escoger si vender o alquilar una parte de su casa, o lo que él considere mejor para su bienestar.

“Se le afecta doblemente, porque tiene una serie de costos asociados a la discapacidad, como los tratamientos de salud. La herencia los ayudaría a afrontarlos. Para eso, la persona puede utilizar ese bien para hacer algo, de repente algún tipo de negocio”, explica Pamela Smith.

Teobaldo tendrá que depender de los recursos de otras personas, miembros de su familia que lo ayuden a mantenerse, pues, por el momento, no tiene derecho a acceder a aquellos bienes que le podrían dar algún ingreso económico que permita su independencia y autonomía. Sin embargo, él no se ha dado por vencido. “Yo seguiré luchando por mi casa”, asegura.

*Se optó por no dar los apellidos de los protagonistas del reportaje porque el proceso judicial sigue en curso.