Contrato por locación de servicios: personal de salud trabaja sin beneficios pese a que arriesga su vida

Perú enfrenta la guerra contra la COVID-19 con una crisis del sector salud desbordante. Una crisis que se visualiza, entre otras cosas, en la poca o nula preocupación que se tiene por los profesionales de la salud que combaten en primera línea contra esta nueva enfermedad, soldados contratados bajo una modalidad perversa e ilegal que los deja en total abandono ante un inminente contagio y muerte.

La contratación de personal por locación de servicios, en palabras del exministro de Salud, Víctor Zamora, es una modalidad que, pese a su ilegalidad, sostiene al sistema que no podría cubrir toda la demanda solo con los nombrados. Pese a que durante su gestión se emitió una normativa que establece el paso de los trabajadores por terceros a la modalidad CAS, según la decana del Colegio de Enfermeras del Perú, Liliana La Rosa, hasta junio de este año, han aumentado la cantidad de personal por servicios no personales.

¿Qué es y qué implica un contrato por locación de servicios?

La modalidad por locación de servicios, contratación por terceros o servicios no personales, es un tipo de contrato normado por el artículo 1764° del Código Civil. Este refiere que se trata de un contrato civil, no laboral, por servicios específicos que deben realizarse en un plazo determinado y sin ningún nivel de subordinación. No implica ningún tipo de beneficios como vacaciones, CTS, gratificaciones, etc.

El abogado laborista Raúl Saco explicó que este tipo de contrato se puede dar siempre y cuando el trabajador sea independiente y autónomo, como cuando uno va al odontólogo o a un abogado al que se le paga por una servicio específico.

La clave está en que un trabajador contratado bajo esta modalidad no debe ser subordinado por su empleador. Este tipo de actividad sí es dable y es muy común en la vida diaria, sin embargo, tanto a nivel público como privado se ha abusado de ella para fines contrarios que terminan afectando al trabajador.

¿El contrato por locación de servicios es ilegal?

El problema con los contratos de locación por servicios ocurre, según Saco, cuando “los empleadores disfrazan un contrato laboral (normado por ley y que establece derechos a los trabajadores) con uno bajo la modalidad de locación de servicios, con el fin de evitar gastos que deberán pagar por cumplir con los beneficios de ley”. Esta actividad sí es ilegal.

Según Víctor Zamora, ex ministro de Salud, esta modalidad de contrato es la más precaria de todas porque significa que no tienen ningún tipo de beneficios en comparación con los trabajadores nombrados y CAS. Además, trabajan más horas y en condiciones más críticas que los demás.

Profesionales de salud combaten la pandemia sin los beneficios de un trabajador formal

La Defensoría del Pueblo alertó a mediados de abril que “en todo el país, existen más de 4.100 trabajadores del sector salud que laboran en prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus como locadores de servicios”. Esto sin contar a los profesionales de Essalud ni a la sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales.

En medio de la crisis sanitaria, los profesionales de la salud son una población en total riesgo de contagio. Sin embargo, hemos visto cómo durante la pandemia diversos sindicatos han salido a protestar debido a su enorme situación de precariedad. Entre sus múltiples pedidos están el cambio de modalidad contractual para que puedan tener mínimo un seguro de salud en caso se contagien con el nuevo virus.

Además, han denunciado el constante despido arbitrario de muchos profesionales de la salud en medio de la pandemia. La decana del Colegio de Enfermeras del Perú, Liliana La Rosa, denunció que el Estado ha despedido a muchos profesionales que se encontraban bajo esta modalidad.

Asimismo, los sindicatos de trabajadores de la salud del Ministerio de Salud y de Essalud han denunciado que menos del 12 % de trabajadores han recibido el bono destinado al personal durante la pandemia; este problema se debe, en parte, a la gran cantidad de trabajadores que se encuentran bajo la contratación de servicios.

Víctor Zamora, ex ministro de Salud, señaló que durante su gestión se habilitó el CAS-COVID, el cual permite que los trabajadores que se encuentran contratados por servicios no personales pasen a la modalidad CAS. Sin embargo, según contó La Rosa, en los últimos meses han aumentado más los contratos por terceros. Es decir, tenemos a nuestros soldados batallando sin armas y sin respaldo de sus autoridades.

¿Por qué demoran en pagar a los trabajadores de salud que están contratados por locación de servicios?

Víctor Zamora, ex ministro de Salud, en diálogo con La República, detalló por qué existe la demora en los pagos de los profesionales de la salud que se encuentran en la modalidad de contratación por locación de servicios.

Según Zamora, los factores son varios y tienen que ver con el engranaje que utiliza las instituciones públicas, las cuales están llenas de burocracias y malas gestiones del presupuesto.

El problema radica en el tiempo que se demora para generar la orden de pago del trabajador que se encuentra bajo esta modalidad. Normalmente se da porque la burocracia estatal implica la aprobación del documento por múltiples oficinas hasta llegar al jefe del hospital o institución de salud. Además, también dependen de la entrega del informe de cada trabajador. Zamora explicó que en algunos casos se demoran en presentar su informe de trabajo y eso impide que su pago salga más rápido.

Otro de los factores de la demora de pago es que muchos directores de los establecimientos de salud utilizan su presupuesto destinado para la contratación de personal en otras gestiones y cuando necesitan contratar no cuentan con el dinero. Pese a eso y debido a la necesidad, terminan contratando, pero al momento de pagarles van a demorar porque tienen que volver a hacer un pedido al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, los pagos se extienden meses.

Pese a todo, Zamora reconoció que el Estado es el principal violador de la normativa laboral, ya que utiliza esta modalidad para sostener las instituciones, que sería casi imposible con los nombrados. “Los nombrados solo trabajan seis horas y su nivel de productividad es bajo en comparación con un CAS o tercero que trabaja hasta 12 horas. Lamentablemente, ellos sostienen el sistema, por eso, aunque el Estado reconozca que es ilegal contratar por locación de servicios, lo seguirá haciendo”, reveló.