La batalla por la reforma jubilatoria francesa

Por: Raphaël Hadas-Lebel

Un año después de las protestas de los gilets jaunes (chalecos amarillos) desencadenadas por la propuesta del impuesto a los combustibles, Francia enfrenta otra crisis, esta vez por la reforma jubilatoria. Las huelgas interrumpieron el funcionamiento de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF, por su sigla en francés) y de la red de autobuses y subterráneos RATP, generando pérdidas de más de 1000 millones de EUR (1100 millones de USD) para esas empresas. La huelga en el sistema de transporte ya llegó a su fin, pero la confrontación dista de haber terminado.

Las reformas jubilatorias propuestas por el presidente francés Emmanuel Macron son tanto profundas como necesarias. Con el actual sistema obligatorio de pensiones, existe mucha disparidad entre los esquemas contables que determinan los beneficios para los distintos sectores y ocupaciones. El sistema es resultado de un proceso histórico de larga data, orientado a ampliar la protección social para los ancianos.

Las propuestas del gobierno de Macron son audaces, pero no pretenden afectar los esquemas de reparto, ni socavan el principio más amplio de la solidaridad intergeneracional. El pago total de jubilaciones será financiado cada año con las contribuciones al seguro social resultantes de los ingresos de los trabajadores activos en ese mismo año. La edad jubilatoria mínima fijada en 2010, de 62 años, se mantendrá por el momento. El nuevo sistema seguirá costando alrededor del 14% del PBI (mucho más que en la mayoría del resto de los países europeos).

Pero las propuestas de Macron de una revisión «sistémica» son completamente distintas de las reformas previas, cuya meta principal era equilibrar las cuentas ajustando ciertos «parámetros» en los 42 esquemas jubilatorios existentes. El nuevo programa crearía un sistema universal en el cual, según Macron, «una contribución de un euro otorgaría a todos los mismos derechos». Se aplicarían las mismas reglas a todos los trabajadores, independientemente de su profesión o relación contractual. Y la tasa contributiva se mantendría para los ingresos totales de hasta 120 000 EUR al año, con una jubilación mensual mínima de 1 000 EUR para quienes hayan trabajado toda su vida con la remuneración mínima.

Claramente, la reforma requeriría la eliminación gradual de planes especiales de pensiones que actualmente permiten a ciertos empleados de los ferrocarriles jubilarse diez años antes que la mayoría de los trabajadores. El gobierno se mantuvo firme en retirar paulatinamente los esquemas de privilegio en nombre de la equidad, pero acordó una transición muy gradual, gracias a la cual el 60% de los empleados actualmente elegibles no se verían afectados.

Hay consenso general en que un esquema basado en puntos es la opción más transparente, porque los beneficios están directamente relacionados con los aportes, a lo que no siempre es el caso con los esquemas de renta básica vitalicia. Así, el sistema favorece la movilidad laboral y está más alineado con las realidades del mercado de trabajo.

Pero la reforma del cálculo de los beneficios afectará las percepciones jubilatorias de algunos beneficiarios. Aún subsisten cuestiones sobre cuáles grupos serán más afectados y en qué manera, y esto contribuyó a un clima de desconfianza general.

El desafío es ahora claro. Sin dejar de lado los principios de universalidad y equidad, el gobierno debe debilitar la oposición al paquete de reformas más amplio. Sobre la cuestión del período de transición, ha indicado que las nuevas disposiciones solo se aplicarán a los trabajadores nacidos a partir de 1975. También aceptó excepciones para jubilaciones tempranas vinculadas a trabajos insalubres y peligrosos, y puede ofrecer compensaciones adicionales a los docentes y algunos otros grupos. Ninguno de esos cambios hará que el programa de reformas resulte más sencillo, pero son necesarios.

La crisis más amplia relacionada con la reforma jubilatoria refleja divisiones de larga data en la sociedad francesa. El conflicto actual ha puesto de relieve la confrontación habitual entre los responsables de reformar las instituciones existentes y quienes tratan de mantener sus derechos adquiridos.