Advierten irregularidades en pruebas en caso de exalcalde de Cañaris

27 Nov 2019 | 8:24 h
Defensa. Díaz sostiene que pruebas fiscales no son sólidas.
Defensa. Díaz sostiene que pruebas fiscales no son sólidas.

Caso. Abogado de exfuncionario indicó que pedido de prisión carece de documentación.

Lambayeque. Homero Díaz Cayotopa, abogado del exjefe de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR) de la Municipalidad Distrital de Cañaris, Luis Alberto Díaz Rojas, advirtió una serie de irregularidades en torno al caso “Los Cascabeleros del Cacique”.

Díaz cuestionó las pruebas presentadas por la Fiscalía para sustentar el pedido de prisión preventiva de 18 meses contra su patrocinado por los delitos de colusión y cohecho.

En el caso de colusión, el letrado indicó que la realización de una pericia grafotécnica demostró que Luis Díaz Rojas no firmó el pago de una segunda valorización de más de un millón de soles al Consorcio R&M por la obra “Afirmado de camino carrozable entre los caseríos Quirichima-Yuractucto y Mitobamba en el distrito de Cañaris”.

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“Se ha demostrado que él (Luis Díaz) no ha firmado la segunda valorización. Incluso, este pago carece de información técnica (...) no presenta el cuaderno de obras, la firma del residente de obra, la firma del inspector no es auténtica”, afirmó.

Díaz explicó que por el pago de la primera valorización se le atribuye al exfuncionario la recepción de una presunta coima y el delito de cohecho.

“Cómo se puede acreditar que mi patrocinado recibió 30 mil soles por la valorización, si este no realizó un trámite de inmediato. El informe de valorización se presentó entre el 16 y el 30 de noviembre, y recién se aprobó el pago el 16 diciembre porque hubo minuciosidad para revisar el informe, y si este era completo”, indicó.

También dijo que un informe técnico de la comuna y la auditoría de la Contraloría señalan que la obra de afirmado presenta un avance de más del 45%, pese a que la Fiscalía señala que el avance llega al 16%.

Asimismo dijo que debe considerarse el accionar de los representantes de las empresas del consorcio, además del expediente técnico de la obra y el expediente de contratación para verificar las inconsistencias.

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